La nueva cita electoral del próximo 10N, ha producido un cabreo generalizado entre la ciudadanía, harta seguramente de que los partidos políticos -y sus líderes al frente- se hayan mostrado incapaces de sacar adelante una legislatura razonable y el gobierno que tanta falta hace.

Como es habitual, el cabreo se manifiesta de maneras distintas entre los votantes de izquierda y los de derecha. En esta última el cabreo es maniqueo y ruidoso, polarizando la situación bajo su habitual axioma de que todos los políticos son iguales, es decir, unos inútiles. Entre los seguidores de la izquierda el enfado es muy distinto; es crítico, más sereno y también más desesperanzado. Hasta aquí, nada nuevo en las entrañas sociales de los españoles.

Pero, sin quitarle la razón a nadie -que cada uno es muy libre de pensar como quiera- no está de más recordar que si el cabreo de los ciudadanos de izquierda se convirtiera en abstención, estarían -estaríamos- cediendo el paso a una derecha testadura en sus intenciones de gobierno, apiñada históricamente cual jauría de perros de presa o como rebaño de borregos, siempre en la misma dirección.

Y este peligro de que a partir de las nuevas elecciones volviera a gobernarnos la derecha -con sus recortes económicos, de derechos sociales y su pertinaz brecha en la igualdad-, debería hacernos reflexionar, calmar nuestro encendido desánimo y empujarnos a las urnas, aunque sea con una pinza en la nariz.

Si en la izquierda hemos sido siempre críticos hasta el desprecio político, también es cierto que la responsabilidad social es una de las cualidades que nos caracterizan. Una responsabilidad que deberemos esgrimir de nuevo, venciendo incluso nuestro hastío, con tal de evitar que la cruel derecha española nos vuelva a gobernar.

Por eso afirmo que este actual cabreo es un peligro que debemos sortear, porque son demasiadas las claves de injusticia y desigualdad que imperan en España, esperando de nuestro voto que forcemos un futuro más equilibrado y razonable. Votar, y además a la izquierda, es nuestra obligación.

Acaba de empezar la décimotercera legislatura y, sin apenas tiempo, aparecen de inmediato las iras torticeras y la manifestaciones de odio. probablemente porque estamos en plena campaña electoral para las municipales, autonómicas y europeas, aunque no parece ser este el único motivo.

En realidad, y yendo muy al fondo de la cuestión, se hace evidente que los españoles aún no estamos preparados para practicar y respetar la libertad. Se podrá decir que la transición democrática nos ha traído un nivel de libertad y bienestar desconocidos hasta la fecha -lo que podemos dar por cierto- pero, si rascamos un poco, se hace ineludible que aún nos falta mucho camino por recorrer.

Y para demostrarlo, me importa una higa meterme en un jardín tan delicado como el asunto catalán. Cada uno que piense lo que quiera. Pero, en mi opinión, la autodeterminación de los pueblos y la lucha democrática por conseguirla forman parte de la Declaración de los Derechos Humanos emanados desde la ONU, aunque cada país la aplique según su conveniencia.

Además, los autos de derecho comparado emitidos por diversos tribunales europeos tras la cobarde fuga de Puigdemont -que dejó colgados a sus compañeros, hoy encausados- no hacen sino confirmar mi punto de vista, sobre todo cuando niegan que lo que acabó siendo en España una causa penal por rebelión, no pasaría en otros países de la UE de faltas o delitos administrativos.

De ahí que me una a quien califica a los cargos catalanes juzgados por el Tribunal Supremo de presos políticos, no de políticos presos.

Claro que siempre se podrá argumentar que las leyes españolas encuentran motivo para encausar penalmente a los protagonistas del «procés», lo que no significa necesariamente que esas normas resulten acordes con los derechos humanos ni se sustenten en el sagrado principio de la libertad. Las leyes siempre se pueden cambiar, sobre todo si se revisan con ética y dignidad.

Dicho lo cual, no me duelen prendas en criticar las actuaciones -rayanas en la estupidez- de muchos de los próceres independentistas, a los que se acaba de unir el nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Cataluña, que sustenta su discurso en auténticas alucinaciones, que sólo se entenderían si por ese país anduvieran circulando los tripis de forma gratuita para todo aquel que enarbole la estelada.

Y es que a estas alturas del conflicto, resulta conveniente recurrir a la memoria para traer a la palestra el renacer de la locura catalana. Podríamos empezar por Jordi Pujol, quien salvado subrepticiamente de la quema por sus turbias andanzas con Banca Catalana, no tuvo el más mínimo inconveniente para renunciar al área metropolitana de Barcelona, con el fin de quitarse de encima el «cinturón rojo» de la capital, aunque la urbe barcelonesa se viera drásticamente reducida a la mitad de su volumen y a la pérdida de un peso específico económico y cultural de vanguardia, ya trasladada a Madrid.

Tampoco merece el olvido las andanzas corruptas de Jordi Pujol y su familia, delitos -estos sí penales- por los que todavía no ha sido encausado, vaya usted a saber por qué.

Al igual que conviene recordar que el presidente Rodríguez Zapatero -líder en derechos civiles y lerdo en gestión- colaboró con los catalanes para conseguir una nueva redacción del estatuto autonómico que, una vez aprobado en referéndum por los catalanes y llegado al Congreso de los Diputados para su aprobación, se encontró conque el PP adujo no se sabe muy bien qué y lo envió al Tribunal Constitucional, que se lo cargó. Algún día puede que la historia nos cuente qué razones tuvo el TC para anular un estatuto idéntico a las más o menos recientes modificaciones de los estatutos de autonomía de otras comunidades.

Y a partir de esos polvos, alimentados durante años por la nula capacidad de diálogo del gobierno de Rajoy, llegamos a estos lodos de odio, manifestado entre otros ejemplos por la cara desafiante y repleta de rabia, hasta casi reventarle las mandíbulas, esgrimida por Albert Rivera cuando «aguantó la mirada» a los diputados electos independentistas cuando se cruzaron el martes en el pasillo del Congreso. O a los abucheos y pataleos de todos los partidos de la derecha ante cada manifestación de los susodichos cuando usaron sus propìas fórmulas para acatar la Constitución, dicho sea de paso con criterios absolutamente legales y amparados por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Así, desde luego, no arreglaremos nada. Por mucho que algunos se empeñen en acusar a la izquierda de cómplices de los separatistas catalanes; Por mucho que esos mismos intolerantes se empeñen en calificar de golpe de estado a una actuación -poco hábil, es cierto- sustentada en los derechos humanos y que debió seguir los ejemplos de Quebec o Escocia; por mucho que esa derecha que no respeta la libertad en toda su dimensión, trate a los encausados del «procés» como si ya estuvieran condenados, negándoles el indiscutible derecho de presunción de inocencia mientras no exista una sentencia del Tribunal Supremo.

Acabo. Porque todo este lío causado por la profunda falta de respeto a la libertad de casi la mitad de los ciudadanos españoles, deviene ahora en si los encausados separatistas que han resultado diputados o senador electos deben ser cesados de manera automática, según se sustente el motivo en lo que argumente el Tribunal Supremo o en lo contemplado en el Reglamento del Congreso, cuando la realidad es que ninguna de las partes tiene mucho que decir por ahora, ya que la circunstancia de que unos encausados y presos preventivos hayan resultado luego elegidos por el pueblo es una novedad que no está contemplada en código alguno. Sí, toda una novedad, digna como mínimo de estudio.

Y así empieza la XIII, esa legislatura que muchos deseamos resulte pacífica, estable y duradera, aunque sólo sea para que por una vez nuestros políticos puedan dedicarse a la tarea que se les encomienda y por la que cobran: trabajar por el bien del pueblo.

Por muy irresponsables y enloquecidos que parezcan los sufragios o la abstención de muchos votantes, todos los llamados a cualquier elección enviamos un claro mensaje a la ciudadanía.

Por eso -yendo al grano sin más dilación- reconozco que se me revuelve el estómago cuando escucho que los cuatrocientos mil votantes a la extrema derecha en Andalucía no tienen por qué ser todos fascistas, o que la reaparición de la serpiente en España era de esperar viendo lo que sucede en el resto de Europa.

De igual manera, me echo las manos a la cabeza cuando se excusa la debacle socialista en Andalucía por las componendas de Sánchez con los separatistas catalanes.

El desastre andaluz del PSOE se lo ha ganado a pulso el propio partido, incapaz durante los treinta y seis años que se ha mantenido en el poder de sacar adelante a un pueblo que supone casi la cuarta parte de la ciudadanía española. Ni la lucha contra el paro, ni la educación, ni la industrialización, ni la redención de la zonas de mayor miseria de esa comunidad autónoma -me basta con el ejemplo de la Línea-, se han resuelto con una mínima eficiencia, sustituyendo las necesarias estrategias políticas y acciones de gobierno por un clientelismo en forma de subsidios que ha durado demasiado tiempo para ser entendido como una solución de justicia.

No debe extrañarnos pues, con este simple par de ejemplos, que los andaluces hayan reaccionado de la manera que lo han hecho en sus recientes elecciones autonómicas.

Una gran bolsa de abstencionistas de izquierda han vuelto la espalda a los socialistas, hartos ya de tanta mamandurria e ineficacia, así como desencantados con una Susana Díaz -que tendría que haber dimitido de inmediato- cuya triunfalista campaña no contenía la más mínima propuesta de gobierno.

Y otra gran cantidad de andaluces han optado por votar a la derecha más reaccionaria, dando así un gigantesco paso atrás que hace buenos al «carnicerito de Málaga», al asesino Queipo de LLano, o a las malas prácticas de los señoritos y sus caballos.

Estos y otros más son mensajes claros de los votantes, que bajo su responsabilidad han provocado este brutal cambio en una de las tierras más atrasadas de nuestro país, abriendo así la posibilidad de pandemia en todo el Estado.

Así que menos lloros y más resistencia ante lo que se nos viene encima: España, desde ayer, ha dejado de ser como un toro, para empezar a parecerse a un cangrejo.

Anda estos días revolucionada la sociedad catalana, independentista o no, porque los brutales recortes -peores que los de Rajoy- que implantó Artur Mas cuando regía le están saltando a la cara a un gobierno actual que no gobierna.

Así, médicos de atención primaria, abrumados por una carga de trabajo inasumibe; bomberos sin medios y con salarios insuficientes; profesores mal pagados o estudiantes que sufren las mayores tasas universitarias del Estado, se encuentran en huelga o manifestándose día sí y día también.

Y no sería de extrañar que próximamente sea la totalidad de los funcionarios de Cataluña quienes se pongan en pié de guerra, pues aún se les debe aquellas famosas pagas extras que dejaron de abonarse con la excusa de las carencias de las cuentas públicas.

Nadie debería olvidar, ni en Cataluña ni en el resto de España, que fue Artur Mas, un presidente de la derecha pura y dura, quien recortó salarios y servicios públicos en esa comunidad autónoma, con mayor avidez austericida que el gobierno central.

Y ese presidente autonómico, heredero del cargo que ocupó en su día el corrupto Jordi Pujol, no sólo mantuvo presuntamente el sistema de mordidas, sino que se salió por la tangente calentando el nacionalismo -hasta ese momento más o menos controlado- y provocando la demanda de independencia con la excusa de que los males económicos, que él mismo y su antecesor habían provocado con una brutal corrupción, se debían a que España robaba a los catalanes.

Así, un presunto ladrón, escogido por el mayor sinvergüenza de la historia de Cataluña, se envolvió en la bandera estelada y consiguió nublar la vista de muchos catalanes.

Pero las mentiras y los abusos políticos siempre acaban por salir a la palestra, estallando ahora en la cara de quien ocupa la presidencia autonómica. Quim Torra se está llevando todas las tortas derivadas de los desaguisados de la política económica de Artur Mas. Y Torra no parece ser un buen gestor ni fue colocado en su actual puesto para eso.

Comparados con el prepotente Artur Mas -cuya poderosa barbilla y su permanente pose de soberbia le delatan-, Torra y Puigdemont son sólo unos pardillos instrumentales que yerran en sus prioridades como gobernantes.

Una lástima. No se encuentra por ningún lado el botón «reset» de nuestro país. Y en el caso de que apareciera ¿a qué valores iniciales nos llevaría la maniobra?

Nunca como ahora, desde la transición, ha estado nuestro país en una situación tan lamentable. Con las más altas instancias de la Justicia mostrando una imagen más fea que Carracuca. Con unos políticos egoístas y cada vez más alejados de los auténticos intereses de los ciudadanos. Con unos niveles de desigualdad -y la consiguiente pobreza- inaguantables. Con unos catalanes independentistas que van perdiendo la razón día a día. Con una incapacidad manifiesta para deshacernos del dictador y sus fanfarrias. En definitiva, con una sensación de desgobierno que nos invita a llamarnos andana y pasar de todo. Y esto último es el auténtico peligro.

Semejante situación es capaz de producir, en plan maniqueo, los sentimientos más opuestos: el desánimo o la movilización. Así están las cosas y entre ambos habrá que elegir de una vez.

El desánimo es la emoción más triste y derrotista que los ciudadanos podemos sentir. Además, que demos al país por imposible es lo que buscan tanto los partidos más extremistas como esos poderes fácticos -generalmente los doctrinarios y los económicos- que mezclan sus intereses para campar a sus anchas. Con el desánimo nos dirigimos, indefectiblemente, al hundimiento, a la paralización del progreso, a la incultura, a la obediencia cegata de tanto mirar hacia otro lado.

Por eso ha llegado el momento de la movilización. Pero cuidado, una movilización racionalista capaz de aglutinar la demanda impenitente de nuestros derechos y de nuestras ansias de mejora, insistiendo hasta la saciedad por un reinicio -incluso constitucional- que emule los paradigmas de otros países europeos con mucho más éxito que el nuestro.

Y digo cuidado, porque cuando un pueblo manifiesta su necesidad de movilizarse, aparecen los populistas más desalmados, enarbolando banderas indignas como el fascismo, la xenofobia o el control absoluto de los poderes del Estado. Como la ultraderecha, por ejemplo, cuya expansión por el mundo occidental anda dejando cada vez, más cadáveres por el camino.

Movilización, sí. Aunque nuestra historia desdiga nuestra capacidad de unión para salir adelante. Aunque todo aquel que ostente una dosis suficiente de poder se oponga a nuestros justos movimientos con todas sus fuerzas y leyes represivas, que siguen sin derogar.

De lo contrario, nuestro vaso de paciencia, ese que ya debería haberse derramado ante tanta injusticia consecutiva, dejará de llamarnos la atención. Esa sería la imagen de un desánimo buscado ansiosamente por el poder. Ese sería nuestro fin como pueblo, quedándonos definitivamente a merced de quien quiera manejarnos a su antojo. Que cada lector, lectora, elija de una vez: quejarse sin llegar más allá o gritar basta caiga quien caiga.

Nada más conocerse este pasado lunes la esperpéntica sentencia al Dr. Vela por el robo de una niña, me vino a la cabeza que más que un hecho aislado nos encontramos ante un delito de lesa humanidad.

Así lo consulté de inmediato con juristas amigos, que coincidieron conmigo, al igual que observaban la dificultad de establecer una querella de semejante calibre.

Más tarde, este martes publicó Infolibre un completo y documentado dossier con varios artículos sobre el tema, con los que no sólo estoy completamente de acuerdo, sino que me han inspirado para la redacción de este post.

Es comprensible que la querellante Inés Madrigal acudiera a los tribunales para encontrar justicia a su personal caso. Aunque, al mismo tiempo, no comprendo como el robo de niños acaecido desde la posguerra civil hasta bien entrada la democracia, no se haya convertido en una demanda colectiva amparada en el derecho internacional, que sí considera los casos de este calibre como lesa humanidad.

Los crímenes de lesa humanidad tienen varias características que sustentan el que hoy escriba sobre este asunto: han de ser sistemáticos y nunca, nunca, prescriben.

Pero esto es España y aquí se tapan unos a otros, la justicia puede ser pacata y muy pocos se atreven todavía a luchar contra los crímenes del franquismo, Iglesia incluida.

¿Cómo se puede mirar hacia otro lado cuando se estima que el robo sistemático de niños pudo alcanzar la cifra de 300.000 afectados? ¿Quién se arrogó la dudosa moral de decidir qué mujer, qué familia, merecía o no hacerse cargo del hijo engendrado? ¿Qué clase de Estado permitió que el robo de niños se convirtiera, además, en un negocio? ¿Cuántas familias adoptantes sabían que estaban cometiendo un delito? ¿Por qué la Iglesia participó en semejante aberración?

En mi desconocimiento de los intríngulis del Derecho, apenas me atrevo a ir más allá de estas preguntas, ni tampoco me corresponde. Pero quiero dejar bien clara mi más enérgica protesta porque ningún gobierno -Fiscales Generales incluidos- haya tenido los redaños para acometer una causa similar a la que en otros países europeos y sudamericanos ya se han resuelto hace años.

Será por miedo, por pereza, por un respeto inmerecido a los pactos de la Transición, no lo sé. Pero la inacción ante este drama me parece impresentable.

Allá por el pleistoceno franquista, el bailarín Antonio fue detenido y encarcelado por ciscarse, verbalmente, «en los muertos de Cristo». Curiosamente, el dictador resultó ser antes admirador del bailarín que defensor de la siempre represora Iglesia y le indultó.

Hoy, en plena democracia y con la teórica libertad de expresión que deberíamos disfrutar plenamente, el actor y activista de no se sabe bien qué, Willy Toledo, ha sido detenido en rebeldía por una nueva blasfemia, de esas que se hacen famosas, al cagarse en un dios que ni siquiera sabemos que exista.

Una vez más, la derecha católica más reaccionaria y fundamentalista -esta vez bajo el paraguas de la Asociación Española de Abogados Católicos- se ha erigido en defensora de los sentimientos religiosos y ha acusado al actor ante el juzgado, con la esperanza de escarmentar al locuaz Willy.

Toledo se negó por un par de veces a acudir al juzgado, lo que le valió que el magistrado ordenara ayer su detención, hecho que en efecto se produjo.

Por muy antisistema que uno sea y por mucho que defienda sus derechos -que lo son-, nadie puede negarse a presentarse ante el juez cuando es requerido para ello, entre otras cosas porque ese mismo Estado de Derecho que protege -más o menos- la libertad de expresión, obliga también a los ciudadanos a acudir a los tribunales cuando una autoridad del poder judicial lo considera oportuno.

Dicho esto y bajo la advocación del «coño insumiso», debería quedar claro que la blasfemia no puede considerarse en nuestros días como un delito, máxime cuando es una Iglesia que sólo se representa a sí misma la que dicta esa hipócrita moral, que muchos aceptan situar por encima de nuestros derechos fundamentales amparados por la Constitución Española.

Dejemos pues para esos países dominados por la extrema derecha más religiosa la confusión entre moral y derecho, entre pecado y libertad, ganada a pulso por los votantes más reaccionarios o por quienes todavía consienten ser gobernados por gobiernos dictatoriales, hayan pasado o no por las urnas.

Puede que Willy Tolelo se merezca un par de imaginarias collejas por bocazas y por su constante manía de provocar, incluso cuando no hace falta. Puede también que le convenga alguna pequeña sanción por no acudir en su día al juzgado. Pero por blasfemar no merece castigo alguno. Faltaría más.

Bien pronto se ha encontrado Pedro Sánchez con las limitaciones políticas y presupuestarias, que impiden a su gobierno cumplir el escueto programa declamado por el actual presidente el día de su investidura.

Limitaciones que, posiblemente, se unen a una voluntad política equívoca que está acabando muy rápidamente con la ilusión y la paciencia de los ciudadanos de izquierda de este país.

Por ejemplo, llama la atención que no se haya derogado ya -al menos en parte- la llamada Ley Mordaza, lo que habría resultado un golpe de efecto de gran calado por devolver al pueblo los derechos perdidos con el gobierno del PP. Facilitar de inmediato asuntos tan candentes como la libertad de expresión, habría sido una excelente manera de iniciar esta etapa de gobierno.

Prefirió Pedro Sánchez apostar por una Europa dividida y tendente a la derecha más reaccionaria, con la que seguramente topará y se verá obligado a rebajar sus intenciones en los asuntos de inmigración, cayendo así en la trampa de un fracaso anunciado.

También se está tardando en exceso en readaptar el Código Penal a la visión más actual y justa que tienen las mujeres sobre la violación, decisión sobre la que las ministras han acabado haciendo mutis por el foro, sin más explicaciones ni la necesaria actitud pedagógica y comunicativa que se espera de un gobierno moderno.

Y qué decir de la esperada revisión de los criterios de la financiación autonómica, sobre la que apenas unos días después de tomar posesión de la presidencia, se tuvo que reconocer que no sería posible durante esta corta legislatura, dejando con un palmo de narices a las comunidades autónomas actualmente infrafinanciadas.

Otros asuntos de especial urgencia, como la aprobación de los presupuestos o el cambio necesario en la cúpula de RTVE, tendrán que esperar razonablemente a los trámites parlamentarios oportunos. Veremos, una vez haya vía libre, qué decisiones toma el nuevo gobierno cuando disponga de más medios en sus manos.

Aunque, visto lo visto, Sánchez se está revelando como un mandatario que aún no parece tener claro la relación entre querer y poder.

Y como siempre, los ciudadanos españoles son los últimos en percibir de manera tangible que el cambio parecía haber llegado a España.

Se podrá decir que protestar ya contra el gobierno de Pedro Sánchez es una muestra de impaciencia y de falta de confianza. Pero es que los famosos cien días de crédito que se da a todo nuevo gobierno se van a cumplir en verano, con el país paralizado y las Cortes de vacaciones.

Así que, lamentablemente, el globo se está deshinchando. Una pena.

Resultaría curioso conocer una estadística que reflejara cuántas veces llaman S.O.B. a Donald Trump los propios norteamericanos. Y aún más en el resto del mundo, se diga como se diga el epíteto en cada idioma. Desde luego, en mi entorno, la traducción H.D.P. es utilizada con harta frecuencia contra este tipo canalla y carente de toda ética y moral alguna.

Desde su nombramiento como presidente del los Estados Unidos de Norteamérica, y ya anteriormente en plena campaña electoral, Trump demostró -y sigue haciéndolo- ser un hombre de modales toscos, lamentables y supremacistas, propios de quien no tiene más allá de dos dedos de frente.

Pero ese clímax de bajeza conseguido con la separación de 2.300 niños de sus padres inmigrantes -con la excusa de que estos últimos son delincuentes por haber traspasado ilegalmente la frontera y sus hijos no pueden estar con ellos por esta causa legal- ha batido todos los records de hijoputez en un jefe de estado de un país democrático, históricamente liberal y formado por diferentes aluviones de inmigrantes de prácticamente todos los continentes.

Alarmado ante la reacción de sus conciudadanos y del resto del mundo por tan cruel decisión, Trump ha dictado una orden que suspende esta medida en el futuro, corrigiéndose a sí mismo. Pero, de que los 2.300 niños secuestrados vuelvan de inmediato con sus padres, nada de nada. Seguirán separados hasta que al mandatario le salga de sus maltrechas neuronas.

Por otro lado, el próximo domingo, los principales líderes europeos -sí, Sánchez también- acudirán a una reunión informal convocada por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, para tratar asuntos relativos a la cuestión migratoria y preparar la próxima cumbre europea que se celebrará a final de este mes de junio.

No debemos olvidar que a excepción de Angela Merkel, que ha brindado acogida en Alemania a cientos de miles de refugiados en los últimos años, la postura de los gobiernos de los diferentes países socios ha sido muy dispar y absolutamente pacata y torticera. Y lo que faltaba por ver, con una Italia gobernada por la ultraderecha más xenófoba y una Alemania cuya canciller se siente ahora amenazada por muchos de sus compatriotas ante las próximas elecciones regionales en su país.

Unas circunstancias, las europeas, que sólo difieren de las de Trump en las formas, que aquí somos muy mirados con eso de la imagen, aunque la realidad sea un enorme cementerio submarino en el Mediterráneo en el que yacen miles de seres humanos que intentaron llegar a nuestras prósperas costas.

Hipocresía se llama esto, en plena decadencia del liderazgo occidental. Una hipocresía con resultados tan indignos como la bestialidad del «amigo americano», de ese gran S.O.B.

Según la denuncia del defraudador y exministro Máxim Huerta, expresada durante su discurso de forzosa dimisión, debo ser un perro. Porque reconozco que pertenezco a esa mezcolanza canina que ayer pidió su dimisión y a la que el susodicho llamó jauría.

Debe recordar este defraudador -por mucho que se sienta ofendido- que ha costado mucho esfuerzo echar al corrupto PP del gobierno. Como tampoco deber haber sido fácil para Pedro Sánchez tirar para adelante con su exigua minoría parlamentaria y formar un gobierno que seguramente es el de más calidad humana, técnica y política desde la transición democrática.

Impresentable resulta, pues, que Huerta ocultara al presidente del gobierno sus desmadres con Hacienda, poniendo en peligro su credibilidad y la de su equipo de ministras y ministros.

Ignoro qué pensaba el ya defenestrado al intentar que sus anteriores fraudes fiscales pasaran desapercibidos, lo que hace suponer que ni siquiera como periodista tiene las suficientes luces, necesarias para ser consciente de que los de la prensa lo husmean todo y cuando cogen bocado no lo sueltan. Quizá por eso les vino a llamar perros sin incluirse entre ellos.

Hay que tener la cara muy dura para montarse una sociedad unipersonal, con tal de evadir impuestos, y apuntar en su contabilidad una vivienda en la playa, así como enseres domésticos de la misma.

Pero, sobre todo, me parece indignante que intente pasarse de listo y acepte un ministerio teniendo encima semejante losa. Lo que me hace recordar -como tantas otras veces- que también este ya expolitiquillo es tonto o un sinvergüenza. Y de estos, de ambas clases, ya hemos tenido bastantes.