La nueva cita electoral del próximo 10N, ha producido un cabreo generalizado entre la ciudadanía, harta seguramente de que los partidos políticos -y sus líderes al frente- se hayan mostrado incapaces de sacar adelante una legislatura razonable y el gobierno que tanta falta hace.

Como es habitual, el cabreo se manifiesta de maneras distintas entre los votantes de izquierda y los de derecha. En esta última el cabreo es maniqueo y ruidoso, polarizando la situación bajo su habitual axioma de que todos los políticos son iguales, es decir, unos inútiles. Entre los seguidores de la izquierda el enfado es muy distinto; es crítico, más sereno y también más desesperanzado. Hasta aquí, nada nuevo en las entrañas sociales de los españoles.

Pero, sin quitarle la razón a nadie -que cada uno es muy libre de pensar como quiera- no está de más recordar que si el cabreo de los ciudadanos de izquierda se convirtiera en abstención, estarían -estaríamos- cediendo el paso a una derecha testadura en sus intenciones de gobierno, apiñada históricamente cual jauría de perros de presa o como rebaño de borregos, siempre en la misma dirección.

Y este peligro de que a partir de las nuevas elecciones volviera a gobernarnos la derecha -con sus recortes económicos, de derechos sociales y su pertinaz brecha en la igualdad-, debería hacernos reflexionar, calmar nuestro encendido desánimo y empujarnos a las urnas, aunque sea con una pinza en la nariz.

Si en la izquierda hemos sido siempre críticos hasta el desprecio político, también es cierto que la responsabilidad social es una de las cualidades que nos caracterizan. Una responsabilidad que deberemos esgrimir de nuevo, venciendo incluso nuestro hastío, con tal de evitar que la cruel derecha española nos vuelva a gobernar.

Por eso afirmo que este actual cabreo es un peligro que debemos sortear, porque son demasiadas las claves de injusticia y desigualdad que imperan en España, esperando de nuestro voto que forcemos un futuro más equilibrado y razonable. Votar, y además a la izquierda, es nuestra obligación.

Acaba de empezar la décimotercera legislatura y, sin apenas tiempo, aparecen de inmediato las iras torticeras y la manifestaciones de odio. probablemente porque estamos en plena campaña electoral para las municipales, autonómicas y europeas, aunque no parece ser este el único motivo.

En realidad, y yendo muy al fondo de la cuestión, se hace evidente que los españoles aún no estamos preparados para practicar y respetar la libertad. Se podrá decir que la transición democrática nos ha traído un nivel de libertad y bienestar desconocidos hasta la fecha -lo que podemos dar por cierto- pero, si rascamos un poco, se hace ineludible que aún nos falta mucho camino por recorrer.

Y para demostrarlo, me importa una higa meterme en un jardín tan delicado como el asunto catalán. Cada uno que piense lo que quiera. Pero, en mi opinión, la autodeterminación de los pueblos y la lucha democrática por conseguirla forman parte de la Declaración de los Derechos Humanos emanados desde la ONU, aunque cada país la aplique según su conveniencia.

Además, los autos de derecho comparado emitidos por diversos tribunales europeos tras la cobarde fuga de Puigdemont -que dejó colgados a sus compañeros, hoy encausados- no hacen sino confirmar mi punto de vista, sobre todo cuando niegan que lo que acabó siendo en España una causa penal por rebelión, no pasaría en otros países de la UE de faltas o delitos administrativos.

De ahí que me una a quien califica a los cargos catalanes juzgados por el Tribunal Supremo de presos políticos, no de políticos presos.

Claro que siempre se podrá argumentar que las leyes españolas encuentran motivo para encausar penalmente a los protagonistas del «procés», lo que no significa necesariamente que esas normas resulten acordes con los derechos humanos ni se sustenten en el sagrado principio de la libertad. Las leyes siempre se pueden cambiar, sobre todo si se revisan con ética y dignidad.

Dicho lo cual, no me duelen prendas en criticar las actuaciones -rayanas en la estupidez- de muchos de los próceres independentistas, a los que se acaba de unir el nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Cataluña, que sustenta su discurso en auténticas alucinaciones, que sólo se entenderían si por ese país anduvieran circulando los tripis de forma gratuita para todo aquel que enarbole la estelada.

Y es que a estas alturas del conflicto, resulta conveniente recurrir a la memoria para traer a la palestra el renacer de la locura catalana. Podríamos empezar por Jordi Pujol, quien salvado subrepticiamente de la quema por sus turbias andanzas con Banca Catalana, no tuvo el más mínimo inconveniente para renunciar al área metropolitana de Barcelona, con el fin de quitarse de encima el «cinturón rojo» de la capital, aunque la urbe barcelonesa se viera drásticamente reducida a la mitad de su volumen y a la pérdida de un peso específico económico y cultural de vanguardia, ya trasladada a Madrid.

Tampoco merece el olvido las andanzas corruptas de Jordi Pujol y su familia, delitos -estos sí penales- por los que todavía no ha sido encausado, vaya usted a saber por qué.

Al igual que conviene recordar que el presidente Rodríguez Zapatero -líder en derechos civiles y lerdo en gestión- colaboró con los catalanes para conseguir una nueva redacción del estatuto autonómico que, una vez aprobado en referéndum por los catalanes y llegado al Congreso de los Diputados para su aprobación, se encontró conque el PP adujo no se sabe muy bien qué y lo envió al Tribunal Constitucional, que se lo cargó. Algún día puede que la historia nos cuente qué razones tuvo el TC para anular un estatuto idéntico a las más o menos recientes modificaciones de los estatutos de autonomía de otras comunidades.

Y a partir de esos polvos, alimentados durante años por la nula capacidad de diálogo del gobierno de Rajoy, llegamos a estos lodos de odio, manifestado entre otros ejemplos por la cara desafiante y repleta de rabia, hasta casi reventarle las mandíbulas, esgrimida por Albert Rivera cuando «aguantó la mirada» a los diputados electos independentistas cuando se cruzaron el martes en el pasillo del Congreso. O a los abucheos y pataleos de todos los partidos de la derecha ante cada manifestación de los susodichos cuando usaron sus propìas fórmulas para acatar la Constitución, dicho sea de paso con criterios absolutamente legales y amparados por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Así, desde luego, no arreglaremos nada. Por mucho que algunos se empeñen en acusar a la izquierda de cómplices de los separatistas catalanes; Por mucho que esos mismos intolerantes se empeñen en calificar de golpe de estado a una actuación -poco hábil, es cierto- sustentada en los derechos humanos y que debió seguir los ejemplos de Quebec o Escocia; por mucho que esa derecha que no respeta la libertad en toda su dimensión, trate a los encausados del «procés» como si ya estuvieran condenados, negándoles el indiscutible derecho de presunción de inocencia mientras no exista una sentencia del Tribunal Supremo.

Acabo. Porque todo este lío causado por la profunda falta de respeto a la libertad de casi la mitad de los ciudadanos españoles, deviene ahora en si los encausados separatistas que han resultado diputados o senador electos deben ser cesados de manera automática, según se sustente el motivo en lo que argumente el Tribunal Supremo o en lo contemplado en el Reglamento del Congreso, cuando la realidad es que ninguna de las partes tiene mucho que decir por ahora, ya que la circunstancia de que unos encausados y presos preventivos hayan resultado luego elegidos por el pueblo es una novedad que no está contemplada en código alguno. Sí, toda una novedad, digna como mínimo de estudio.

Y así empieza la XIII, esa legislatura que muchos deseamos resulte pacífica, estable y duradera, aunque sólo sea para que por una vez nuestros políticos puedan dedicarse a la tarea que se les encomienda y por la que cobran: trabajar por el bien del pueblo.

Por muy irresponsables y enloquecidos que parezcan los sufragios o la abstención de muchos votantes, todos los llamados a cualquier elección enviamos un claro mensaje a la ciudadanía.

Por eso -yendo al grano sin más dilación- reconozco que se me revuelve el estómago cuando escucho que los cuatrocientos mil votantes a la extrema derecha en Andalucía no tienen por qué ser todos fascistas, o que la reaparición de la serpiente en España era de esperar viendo lo que sucede en el resto de Europa.

De igual manera, me echo las manos a la cabeza cuando se excusa la debacle socialista en Andalucía por las componendas de Sánchez con los separatistas catalanes.

El desastre andaluz del PSOE se lo ha ganado a pulso el propio partido, incapaz durante los treinta y seis años que se ha mantenido en el poder de sacar adelante a un pueblo que supone casi la cuarta parte de la ciudadanía española. Ni la lucha contra el paro, ni la educación, ni la industrialización, ni la redención de la zonas de mayor miseria de esa comunidad autónoma -me basta con el ejemplo de la Línea-, se han resuelto con una mínima eficiencia, sustituyendo las necesarias estrategias políticas y acciones de gobierno por un clientelismo en forma de subsidios que ha durado demasiado tiempo para ser entendido como una solución de justicia.

No debe extrañarnos pues, con este simple par de ejemplos, que los andaluces hayan reaccionado de la manera que lo han hecho en sus recientes elecciones autonómicas.

Una gran bolsa de abstencionistas de izquierda han vuelto la espalda a los socialistas, hartos ya de tanta mamandurria e ineficacia, así como desencantados con una Susana Díaz -que tendría que haber dimitido de inmediato- cuya triunfalista campaña no contenía la más mínima propuesta de gobierno.

Y otra gran cantidad de andaluces han optado por votar a la derecha más reaccionaria, dando así un gigantesco paso atrás que hace buenos al «carnicerito de Málaga», al asesino Queipo de LLano, o a las malas prácticas de los señoritos y sus caballos.

Estos y otros más son mensajes claros de los votantes, que bajo su responsabilidad han provocado este brutal cambio en una de las tierras más atrasadas de nuestro país, abriendo así la posibilidad de pandemia en todo el Estado.

Así que menos lloros y más resistencia ante lo que se nos viene encima: España, desde ayer, ha dejado de ser como un toro, para empezar a parecerse a un cangrejo.

Anda estos días revolucionada la sociedad catalana, independentista o no, porque los brutales recortes -peores que los de Rajoy- que implantó Artur Mas cuando regía le están saltando a la cara a un gobierno actual que no gobierna.

Así, médicos de atención primaria, abrumados por una carga de trabajo inasumibe; bomberos sin medios y con salarios insuficientes; profesores mal pagados o estudiantes que sufren las mayores tasas universitarias del Estado, se encuentran en huelga o manifestándose día sí y día también.

Y no sería de extrañar que próximamente sea la totalidad de los funcionarios de Cataluña quienes se pongan en pié de guerra, pues aún se les debe aquellas famosas pagas extras que dejaron de abonarse con la excusa de las carencias de las cuentas públicas.

Nadie debería olvidar, ni en Cataluña ni en el resto de España, que fue Artur Mas, un presidente de la derecha pura y dura, quien recortó salarios y servicios públicos en esa comunidad autónoma, con mayor avidez austericida que el gobierno central.

Y ese presidente autonómico, heredero del cargo que ocupó en su día el corrupto Jordi Pujol, no sólo mantuvo presuntamente el sistema de mordidas, sino que se salió por la tangente calentando el nacionalismo -hasta ese momento más o menos controlado- y provocando la demanda de independencia con la excusa de que los males económicos, que él mismo y su antecesor habían provocado con una brutal corrupción, se debían a que España robaba a los catalanes.

Así, un presunto ladrón, escogido por el mayor sinvergüenza de la historia de Cataluña, se envolvió en la bandera estelada y consiguió nublar la vista de muchos catalanes.

Pero las mentiras y los abusos políticos siempre acaban por salir a la palestra, estallando ahora en la cara de quien ocupa la presidencia autonómica. Quim Torra se está llevando todas las tortas derivadas de los desaguisados de la política económica de Artur Mas. Y Torra no parece ser un buen gestor ni fue colocado en su actual puesto para eso.

Comparados con el prepotente Artur Mas -cuya poderosa barbilla y su permanente pose de soberbia le delatan-, Torra y Puigdemont son sólo unos pardillos instrumentales que yerran en sus prioridades como gobernantes.