España es un Estado rácano con las víctimas de grandes accidentes en medios de transporte pertenecientes a organismos públicos. Tras cuatro años del accidente ferroviario de Angrois y once del causado por el metro en Valencia, todo sigue igual.

Mientras que las víctimas del terrorismo ha sido siempre cuidadas e indemnizadas -unas más que otras-, las de casos como los citados aún esperan que se les haga justicia.

Una discriminación entre las víctimas de ETA y las de los medios del Estado o de las autonomías, que hace sospechar que existen categorías de muertos y heridos.

Las víctimas del terrorismo pertenecen, por lo visto, a la primera categoría. Saber que «fueron ellos, los malos», acredita plena y justamente el reconocimiento absoluto de los poderes políticos establecidos.

Pero las otras víctimas, las que son responsabilidad de los transportes públicos, quedan desamparadas años y años, mientras que los responsables de esas empresas, políticos o acólitos, suelen echar la culpa al conductor y se autoeximen de todo fallo con el repetido mantra de «Yo no he sido».

Y no sólo los políticos. Tampoco la actuación de los jueces está suficientemente clara, llegando a una escandalosamente posible prevaricación de la jueza que entiende el accidente del metro de Valencia, que se niega torticeramente a reabrir el caso, arguyendo criterios de dudosa justificación.

En el caso del tren Alvia, cuyo accidente en Angrois se conmemora hoy en su cuarto aniversario, la instrucción judicial tuvo que ser cerrada en falso por la absoluta falta de colaboración de instituciones y organismos públicos.

Y hoy, que a partir del apoyo del PSOE se consigue reabrir judicialmente el asunto, los conservadores acusan de politización a las víctimas del accidente.

Situaciones como estas, se sitúan al mismo nivel que la corrupción política y describen a nuestros gobernantes -especialmente los del PP- como seres desalmados, carentes de honor y de responsabilidad social. Una vergüenza para nuestro país.

Y por si aún queda alguna duda, baste recordar que España, la roñosa España, es el único país europeo que ha negado la indemnización a las víctimas de la talidomida. Y es que aquí, llegar al poder no se considera un servicio público.

Por fin parece que desde la derecha y desde las organizaciones empresariales se reconoce la necesidad de subir los salarios, en especial los más precarios. Son voces que hasta ahora han negado los mínimos vitales a millones de trabajadores, que han seguido pobres a pesar de haber encontrado empleo, mientras los mandatarios cacareaban sin pudor una recuperación económica que resulta desigual para los ciudadanos.

Pero cuidado. Ya hay quien propone que esta subida salarial se recoja en los convenios colectivos -lo que está bien- y se relacionen con la productividad. Y aquí aparece de nuevo la vieja y conocida trampa.

Porque pactar la remuneración por productividad es algo que sólo está al alcance, en las grandes empresas, de colectivos de trabajadores fuertemente representados por sus respectivos sindicatos, o suficientemente grandes como para tener un elevado poder negociador, con capacidad de ir a la huelga en caso de incumplimiento por parte de la empresa.

Con excepción de los trabajadores dedicados a las ventas -con un sistema ya antiguo de ingresos mixtos con fijo y comisiones-, los empleados de las pymes encuentran habitualmente grandes dificultades para ver recompensada su productividad.

De hecho, todo aquello que no pueda ser cuantificado en número de unidades producidas, es decir, cualquier parámetro de productividad relacionado con lo abstracto -como la calidad, el trabajo en equipo, el esfuerzo u otras cuestiones por el estilo- entra fácilmente en conflicto al ser medido por quien es juez y parte: el empresario o su directivo encargado.

Por ejemplo, son muchísimas las pymes que ligan la productividad a los resultados económicos obtenidos por la empresa, cuando esta no se encuentra obligada a ser auditada ni suele informar a sus trabajadores de la marcha de su cuenta de pérdidas y ganancias.

Incluso se da la circunstancia en este tipo de empresas, que tanto por razones fiscales como para evitar que la paga de productividad coincida con la promesa al trabajador, falseen sus cuenta anuales pasando facturas al ejercicio siguiente con tal de reducir sus beneficios y, en consecuencia, la participación en estos de los empleados. Y muchas otras triquiñuelas más.

O peor aún, cuando al amparo de la actual e injusta regulación laboral, se pueden realizar contratos discontinuos o despidos que impiden al trabajador entrar en la rueda de las recompensas por productividad.

Así que más vale dejarnos de falacias y empezar, paso a paso, por resolver lo que en justicia es urgente y necesario: el incremento de los salarios más bajos e insultantes, que esclavizan al trabajador a cambio de su esfuerzo hasta el agotamiento.

Porque hasta que no se derogue la reforma laboral del PP y se sustituya por una ley más equitativa entre empresas y fuerza de trabajo, no habrá manera de que la productividad se abone en su justa medida. Mezclar hoy salarios y productividad es ciencia ficción en la inmensa mayoría de las empresas. Un trampa, vamos.