Cierro hoy la miniserie de artículos dedicados a recordar algunos de los más significativos males del poder, trayendo a la palestra las malas prácticas de las compañías eléctricas, gasísticas u otras que, con la colaboración de los gobiernos, permanecen impertérritas ante la pobreza energética en España. Unas malas prácticas que matan, como siempre, a los más desfavorecidos.

Cierto es que entre leyes autonómicas, convenios y otras zarandajas absolutamente insuficientes, el poder político puede encontrar excusas para tapar su ineficiente proceder ante el gran número de muertes anuales, que algunos estudios sitúan por encima de las causadas por accidentes de tráfico.

Por eso no se entiende, que ante tanta muerte por pobreza energética, los gobiernos no actúen con la misma o más contundencia que ante la regulación del tráfico vial, con sus enormes inversiones en radares, gestión del carnet por puntos o campañas publicitarias.

Según el baremo que se utilice -el español o el europeo-, el número de afectados españoles por la pobreza energética podría situarse en unos 7.000.000 de ciudadanos. Aunque tampoco se libra la Unión Europea, en la que se calculan 54.000.000 de afectados.

Son cifras muy alarmantes, causadas por el egoísmo de las compañías energéticas -en cuanto a su papel de servicio público- y por la ineficacia de un poder político, tímido desde la izquierda y claramente vendido desde la derecha. No se entiende de otra manera la parquedad de las iniciativas legislativas autonómicas o municipales, así como la constante denuncia ejercida por el partido conservador contra estas leves actuaciones.

También viene a colación recordar que durante la pasada dictadura las compañías energéticas estaban nacionalizadas o intervenidas. Fue ya en democracia cuando, con la llegada del libre mercado, se produjo una privatización -seguramente innecesaria y desmedida- que no ha hecho sino incrementar salvajemente el precio de la energía y el poder de las compañías sobre la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Se hace pues imprescindible que se vuelva a cualquier tipo de intervención que garantice estos servicios públicos a todos los hogares, sean estos ricos -que pueden pagarlos- o pobres.

Y todas estas crudas situaciones por exceso o por defecto -con ganadores que no respetan el medioambiente ni la salud o la vida de los demás, y perdedores que sufren en sus carnes la pérdida de la salud o de la propia vida- no hacen sino reafirmar el desprecio de los poderosos hacia los pobres, por mucho que el problema de escasez energética de esos millones de hogares se produzca cada año, con la llegada del frío, lo que no implica con precisión que las muertes producidas no resultan una sorpresa inesperada.

En filosofía, por muy impura que esta resulte, no se ha entrado suficientemente en cuestiones como la que hoy nos ocupa, que se creían ya superadas en los países desarrollados. Si acaso, habrá que hacer un tangencial acercamiento a los estudios sobre la calidad de vida, de los que hoy destaco el siguiente párrafo: «En la actualidad, el hecho ampliamente conocido de la degradación del ambiente y su repercusión sobre los grupos humanos, sobre todo a nivel de salud, ha conducido a reconocer que la situación debe abordarse desde una óptica social, política, económica, jurídica y cultural».

Quizá sea esta una magnífica ocasión para recordar al Sr. Rajoy que los ciudadanos no viven de la mejora del PIB, sino de alimentos, servicios de bienestar y condiciones adecuadas de vida. De nada sirven las medias estadísticas alcanzadas si la parte más débil de nuestra ciudadanía está en riesgo de muerte.

Traigo de nuevo el poder a esta serie de Filosofía Impura que escribo los jueves, motivado por la consolidación del neoliberalismo más salvaje que se prevé con la elección de Donald Trump.

Un neoliberalismo basado en el dominio absoluto del capital, con escasas normas de control, sobre la vida de los ciudadanos.

Así, desde lobos que parecían lobos -como Reagan- a lobos con piel de cordero -como Obama-, han cuidado de los más adinerados en detrimento de los más desfavorecidos. Una situación que se extiende rápidamente por Occidente, devaluando salarios a mansalva con la excusa de la competitividad, cuando en realidad están explotando un paro cada vez más frecuente e irreversible.

Con la explosiva mezcla de poder y dinero, se apoya decididamente una tecnología imparable que, en realidad, favorece muy escasamente a la ciudadanía, hechas sólo algunas salvedades como los avances en salud u otros de carácter social.

A pesar de parecer reaccionario, que no lo soy, me temo que la mayor parte de la investigación tecnológica está destinada a sustituir las funciones y la participación del ser humano en los medios de producción, en favor de máquinas y sistemas informatizados -cada vez más eficientes- que suplen su labor con creces. Se genera así más dinero, por ende más poder y, lamentablemente, más paro.

Yo mismo he sido testigo -en mi anterior y dilatada profesión- de cómo la modernización de las plantas de producción, se llevaba a cabo a través de la mecanización fabril y de la reducción de las plantillas. Parecerá una perogrullada comentarlo, pero es la clave de la situación actual de desigualdad social.

Se ha convertido así el puesto de trabajo en un bien cada vez menos disponible, por el que los potenciales trabajadores se ven obligados a luchar, cediendo en salario y derechos. Es la visión más injusta de la ley de la oferta y la demanda, pero situada ahora en la peor de sus aplicaciones.

Esta situación, creciente, imparable e insostenible, está consiguiendo que los más poderosos incrementen aún más su dominio de la situación económica y, en consecuencia, de la política. Aunque decaiga el bienestar tan esforzadamente alcanzado, aunque la prosperidad esté sólo destinada a unos pocos. Aunque los gobiernos no hagan absolutamente nada por equilibrar la sociedad, porque ni les va ni les viene, dominados como están por el cada vez más concentrado poder del dinero.

Y llegamos así a la pobreza generalizada, con porcentajes de excluidos sociales o en riesgo de serlo que no paran de crecer. Una situación que la derecha desprecia y que la izquierda es incapaz de gestionar, porque está por principio alejada de la dureza del capital pero, simultáneamente, no tiene herramientas para luchar contra tanta injusticia.

De hecho, la filosofía, por muy impura que parezca, lleva siglos ocupándose del estudio de esta imparable situación humana. Estudios que han aparecido mayoritariamente en paralelo a cada revolución industrial e intentando oponerse con otros tipos de revoluciones que hasta ahora no han producido el éxito esperado. Así, ya el poeta Alceo de Mitilene -Grecia, 630 aC-580 aC- nos describía el desprecio de las clases altas y medias por el vulgo y la plebe. Al igual que señalaba el poder del dinero como la causa del mal terrible e insoportable que es la pobreza, «capaz de domeñar a un gran pueblo, con su hermana Indigencia» (Mi agradecimiento al breve ensayo ‘Filosofía y Fenomenología del Poder, del profesor Francisco Piñón Gaytán, del que he tomado hoy las notas necesarias).

Queda claro pues que ante el crecimiento del poder y el dinero, con sus instrumentos de tortura social, la ciudadanía de a pié apenas ha tenido alguna que otra oportunidad de rebelarse, con actuaciones -a menudo históricas- cuyos beneficiosos resultados se han ido diluyendo en la nada con el paso del tiempo. ¿Cuál será pues el próximo gran movimiento de los desfavorecidos para salir de la miseria? ¿O el movimiento será realizado por los poderosos para deshacerse de tanta boca que mantener? Veremos. Sólo es cuestión de esperar. O de actuar.