Vi anoche, con retraso, uno de los capítulos de la serie «Pop» que ha producido Movistar+, y me uno a la denuncia de muchos de los músicos entrevistados sobre la caída en picado de los programas musicales en televisión. Otra cacicada más por culpa del gobierno.

Evidentemente, tal como se comenta con vehemencia en esta serie, la música cuya presencia se demanda con mayor profusión, no se refiere a los horrorosos «Talent Shows», entendiendo que los triunfitos, voceritos y otros plastas por el estilo no representan, ni por asomo, la cultura que el pop y el rock españoles han representado durante décadas.

Mientras, en cualquier «Late night» que se precie, en España o en cualquier otro lado del mundo, se incluye la música en directo, invitando así a los telespectadores a estar al día sobre lo que los jóvenes -y no tan jóvenes- nos proponen con sus diferentes estilos, siempre dentro de la modernidad.

Ese papel divulgador correspondió siempre a la televisión pública, que durante décadas tuvo en antena diferentes programas con los más actuales músicos y cantantes españoles y foráneos. Hoy, sólo la 2 de TVE guarda algún rinconcillo de interés, producido además por Radio 3. O sea, aprovechando los esfuerzos de otros.

Pues sí, como ya he dicho, esta carencia musicomoderna en la televisión pública, es una muestra más del desprecio que el gobierno del PP muestra por la cultura. En especial por la joven, que los conservadores aún parecen sentir como proveniente del diablo, castigando así a los que ni son ni serán nunca sus votantes.

Y es que el gobierno pepero de España es carca, autoritario y por ende represivo. No hay más que ver el desaguisado que ha ayudado a montar en Cataluña por su cerrazón ante los pequeños avances de libertad que suponía la reforma del Estatut, que una vez aprobado -esta vez sí con referéndum legal- por los catalanes, fue denunciado ante el Tribunal Constitucional por razones electoralistas cuando los conservadores estaban en la oposición.

Causa esta que incendió las latentes ansias independentistas, sobre las que el PP ha arrojado todos los acelerantes incendiarios posibles con su cerrazón al diálogo. Hasta el extremo de utilizar a los fiscales -me manera legal pero ilegítima- para reprimir todas las maniobras propagandísticas de los cafres que se empeñan en quitarnos a Cataluña de nuestro ánimo y nuestro patrimonio, sustituyendo con sus órdenes a los jueces, quienes en un estado de derecho deberían ser los únicos en autorizar registros y secuestros.

¡Más música, por favor! Que amansa a las fieras.

Visto lo visto en los arteros procedimientos seguidos por los diputados independentistas del Parlament de Cataluña, así como el dominio que ejerce la CUP desde su minoría, cabría preguntarse si los catalanes son conscientes de que su verdadera elección, en el caso de celebrarse, será sobre si permanecen dentro o fuera del sistema.

El peligro que corren los catalanes con su posible independencia es, precisamente, el de quedarse fuera del sistema, esa organización política, social y económica en el que actualmente -nos guste más, menos o nada- estamos inmersos los españoles, los europeos, los occidentales, con todas sus consecuencias.

La mayoría de los ciudadanos -entre los que me encuentro- apostamos por permanecer en el sistema, aunque muchos intentamos que en éste se realicen los cambios suficientes para que la democracia resulte más proporcional y efectiva en su estructura electoral y territorial, para que la desigualdad, el paro, la precariedad, la miseria y los agravios comparativos desaparezcan de nuestro país, hasta ponerse simplemente al mismo nivel que en otros países europeos. Un cambio profundo para que además de socializar las pérdidas, se haga lo mismo con las ganancias. Una reforma que, en definitiva, aporte una política fiscal y presupuestaria justa, que eso es la madre del cordero. Una evolución que bien podría pasar, además, porque el Estado pasara a ser una república.

Salirse del sistema es una opción, siempre que seamos conscientes de que la violencia -como causa o como efecto- es inherente históricamente a las grandes rupturas. Lo intentó ETA, matando y señalando a todos aquellos que consideraban enemigos de sus objetivos, aunque cayeran inocentes por el camino.

Y lo intenta ahora la CUP, con esas pintadas que invitan a los ciudadanos catalanes a señalar a los demás catalanes que no están por la independencia. Estas pintadas y los abucheos callejeros a cualquier mal llamado unionista ya son violencia, porque generan fractura social, discriminación y odio entre vecinos, amigos o familiares ¿Trae algún recuerdo histórico esta situación? Mal vamos por este camino.

Así que este es, en mi opinión, el auténtico dilema: dentro o fuera del sistema. Reflexionemos cada uno de nosotros y decidamos dónde y cómo queremos estar. Catalanes incluidos.

Alguna razón habrá para que muchos comentaristas hayamos empezado el curso metiéndole caña a Rajoy. Y razones no faltan. Me sumo pues a la protesta, no sólo como un movimiento aprioristico de comienzo de temporada, sino como protesta y manifestación de cabreo y hartazgo ante el presente.

En el futuro -espero que no muy lejano- y según quien escriba la historia, Rajoy pasará a los anales como el tancredo, vago y desfasado presidente que dejó España hecha un desastre a base de pasar de todo y permitir todo tipo de injusticias y desigualdades.

Será recordado como quien coartó la libertad de expresión, reviviendo la censura a través de la Ley Mordaza.

También será recordado como el político cuya máxima autoridad se utilizó para devaluar los salarios; descargar la competitividad de España y su crecimiento económico sobre las espaldas de empleados, autónomos y pensionistas; al igual que para convertir a nuestro país en una tierra de camareros, eso sí con la mejor formación académica de la historia. Una precariedad que hoy mismo ha llamado a la puerta para comunicarnos que ha vuelto a subir el paro, tras la finalización del verano.

La historia también hará memoria de cómo su oposición al Estatut catalán, generó un problema de sedición como no se conocía desde los tiempos de la Guerra Civil. Una insurrección que el mismo Rajoy ha alimentado con su inacción política y su absoluta carencia de habilidad política y capacidad de diálogo, creando un problema de muy difícil solución, que en el mejor de los casos dejará graves heridas que tardarán décadas en curar, si es que lo hacen.

Y no se olvidará su pasotismo ante sus desastres de gestión, como en la Justicia, la educación, la sanidad, la dependencia, la violencia de género y muchas otras necesidades de servicio y amparo al ciudadano, que se han visto gravemente empeorados bajo su mandato por falta de recursos.

Difícilmente olvidaremos, además, la cortedad de visión estratégica del que se ha revelado como el presidente de gobierno más nefasto desde la transición. Veánse sus retrógradas negativas a desarrollar las energías renovables en un país que parte con ventaja climatológica, del descenso de inversión en I+D+i, o de cualquier apuesta de futuro con suficiente valor añadido. Rajoy pasará a la historia como el presidente que permitió el enésimo paso atrás del progreso, y formará parte de la negra lista de los políticos que durante siglos han condenado a España al fracaso permanente, del atraso cultural, social y económico.

Por supuesto, los de abajo nunca olvidaremos la cobardía fiscal de Rajoy, la extraordinaria corrupción del partido que dirige, ni su apoyo descarado a los ricos, a los que ha convertido en aún más poderosos, a costa evidentemente de los más débiles.

Rajoy ha tenido, eso sí, la suerte de coincidir en sus mandatos con una oposición débil, dividida y más ladradora que mordedora. Mala suerte para la mayoría de los ciudadanos españoles.

En definitiva, Mariano Rajoy está resultando un presidente tóxico para los españoles, permitiendo que vuelva a correr por nuestras venas el veneno de la incertidumbre, del desánimo e incluso del odio. Por mí, que se vaya de inmediato y nos deje levantar de nuevo nuestro país.

España es un Estado rácano con las víctimas de grandes accidentes en medios de transporte pertenecientes a organismos públicos. Tras cuatro años del accidente ferroviario de Angrois y once del causado por el metro en Valencia, todo sigue igual.

Mientras que las víctimas del terrorismo ha sido siempre cuidadas e indemnizadas -unas más que otras-, las de casos como los citados aún esperan que se les haga justicia.

Una discriminación entre las víctimas de ETA y las de los medios del Estado o de las autonomías, que hace sospechar que existen categorías de muertos y heridos.

Las víctimas del terrorismo pertenecen, por lo visto, a la primera categoría. Saber que «fueron ellos, los malos», acredita plena y justamente el reconocimiento absoluto de los poderes políticos establecidos.

Pero las otras víctimas, las que son responsabilidad de los transportes públicos, quedan desamparadas años y años, mientras que los responsables de esas empresas, políticos o acólitos, suelen echar la culpa al conductor y se autoeximen de todo fallo con el repetido mantra de «Yo no he sido».

Y no sólo los políticos. Tampoco la actuación de los jueces está suficientemente clara, llegando a una escandalosamente posible prevaricación de la jueza que entiende el accidente del metro de Valencia, que se niega torticeramente a reabrir el caso, arguyendo criterios de dudosa justificación.

En el caso del tren Alvia, cuyo accidente en Angrois se conmemora hoy en su cuarto aniversario, la instrucción judicial tuvo que ser cerrada en falso por la absoluta falta de colaboración de instituciones y organismos públicos.

Y hoy, que a partir del apoyo del PSOE se consigue reabrir judicialmente el asunto, los conservadores acusan de politización a las víctimas del accidente.

Situaciones como estas, se sitúan al mismo nivel que la corrupción política y describen a nuestros gobernantes -especialmente los del PP- como seres desalmados, carentes de honor y de responsabilidad social. Una vergüenza para nuestro país.

Y por si aún queda alguna duda, baste recordar que España, la roñosa España, es el único país europeo que ha negado la indemnización a las víctimas de la talidomida. Y es que aquí, llegar al poder no se considera un servicio público.

Por fin parece que desde la derecha y desde las organizaciones empresariales se reconoce la necesidad de subir los salarios, en especial los más precarios. Son voces que hasta ahora han negado los mínimos vitales a millones de trabajadores, que han seguido pobres a pesar de haber encontrado empleo, mientras los mandatarios cacareaban sin pudor una recuperación económica que resulta desigual para los ciudadanos.

Pero cuidado. Ya hay quien propone que esta subida salarial se recoja en los convenios colectivos -lo que está bien- y se relacionen con la productividad. Y aquí aparece de nuevo la vieja y conocida trampa.

Porque pactar la remuneración por productividad es algo que sólo está al alcance, en las grandes empresas, de colectivos de trabajadores fuertemente representados por sus respectivos sindicatos, o suficientemente grandes como para tener un elevado poder negociador, con capacidad de ir a la huelga en caso de incumplimiento por parte de la empresa.

Con excepción de los trabajadores dedicados a las ventas -con un sistema ya antiguo de ingresos mixtos con fijo y comisiones-, los empleados de las pymes encuentran habitualmente grandes dificultades para ver recompensada su productividad.

De hecho, todo aquello que no pueda ser cuantificado en número de unidades producidas, es decir, cualquier parámetro de productividad relacionado con lo abstracto -como la calidad, el trabajo en equipo, el esfuerzo u otras cuestiones por el estilo- entra fácilmente en conflicto al ser medido por quien es juez y parte: el empresario o su directivo encargado.

Por ejemplo, son muchísimas las pymes que ligan la productividad a los resultados económicos obtenidos por la empresa, cuando esta no se encuentra obligada a ser auditada ni suele informar a sus trabajadores de la marcha de su cuenta de pérdidas y ganancias.

Incluso se da la circunstancia en este tipo de empresas, que tanto por razones fiscales como para evitar que la paga de productividad coincida con la promesa al trabajador, falseen sus cuenta anuales pasando facturas al ejercicio siguiente con tal de reducir sus beneficios y, en consecuencia, la participación en estos de los empleados. Y muchas otras triquiñuelas más.

O peor aún, cuando al amparo de la actual e injusta regulación laboral, se pueden realizar contratos discontinuos o despidos que impiden al trabajador entrar en la rueda de las recompensas por productividad.

Así que más vale dejarnos de falacias y empezar, paso a paso, por resolver lo que en justicia es urgente y necesario: el incremento de los salarios más bajos e insultantes, que esclavizan al trabajador a cambio de su esfuerzo hasta el agotamiento.

Porque hasta que no se derogue la reforma laboral del PP y se sustituya por una ley más equitativa entre empresas y fuerza de trabajo, no habrá manera de que la productividad se abone en su justa medida. Mezclar hoy salarios y productividad es ciencia ficción en la inmensa mayoría de las empresas. Un trampa, vamos.

Tras las escandalosas declaraciones del actual ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, culpando a las ONG que libran sus batallas diarias para salvar vidas en el Mediterráneo de provocar el efecto llamada a los migrantes provenientes de África, me han venido a la memoria sus antecesores desde la transición democrática. Una lista en la que salvo pocas y honrosas excepciones, se encuentran nombres que asustan ¿Será cosa del cargo?

No los citaré a todos, pues algunos tuvieron la suerte o la habibilidad de pasar desapercibidos, pero sí a la mayoría, empezando por Fraga, aquel de «La calle es mía» y que venía del último gobierno franquista y sus postreras penas de muerte.

Le sucedió Martín Villa, también franquista de pro, responsable entre otras lindezas de los sucesos de Vitoria, en el que la policía a su cargo asesinó a cinco huelguistas e hirió a otros 150; el mismo que condecoró al tenebroso torturador «Billy el Niño»; y que ahora ha recibido una inmerecida medalla por su colaboración a la democracia de manos de Felipe VI.

Llegó pronto Juan José Rosón, quien para no renunciar a su pasado franquista como todos sus predecesores, fue el responsable del caso Almería, en el que tres sospechosos de pertenecer a ETA fueron torturados hasta la muerte. No obstante, Rosón tuvo la habilidad de pactar con aquella ETA político militar -los polimilis-, cuyos integrantes dejaron las armas y se integraron en la sociedad civil con diversas suertes.

Le sucedió Barrionuevo, el bruto socialista de espumarajos en la boca cuando se cabreaba. El primer ministro del Interior proveniente de la izquierda, implicado no obstante hasta las cachas en la creación de los asesinos GAL y en la utilización torticera e ilegal de fondos públicos, hechos por los que fue condenado y encarcelado.

Tras ese bruto, llegó otro que lo era aún más, Corcuera, electricista de izquierdas y autor de la famosa e ilegítima ley de la «patada en la puerta», aunque sus manos no parecen estar manchadas de sangre.

Y llegó Antoni Asunción, el ministro socialista que tuvo la honra de dimitir cuando se le escapó el entonces director de la Guardia Civil Luis Roldán, que se fue con una pasta gansa, relacionada entre otros delitos de corrupción con la compra de munición defectuosa para el cuerpo que dirigía.

Me salto a Juan Alberto Belloch y a Jaime Mayor Oreja -primer ministro del Interior en un gobierno del PP-, para llegar a Mariano Rajoy, que ocupó el cargo con Aznar y del que todos conocemos su perfil. Rajoy, en esa etapa, alcanzó tantos éxitos organizando campañas electorales de su partido como luchando contra ETA, aunque lo primero abriera la puerta a casos como Gürtel.

Tras Rajoy, llegó al cargo su compañero de filas Ángel Acebes, puesto en el que lo más destacable fuera su empecinada acusación a ETA de los terribles atentados del 11-M. Empecinamiento apoyado por otros cargos políticos y medios de comunicación que le costó las elecciones al PP de entonces.

También me salto al honorable y ya fallecido José Antonio Alonso, ministro del ramo con Zapatero, para detenerme un momento en el ínclito Rubalcaba, quien le sucedió en el cargo. Este astuto estratega político, lideró el fin de ETA a base de negociaciones, siempre vituperadas por la oposición, y consintió sin cargas policiales los gloriosos días del 15-M en la Puerta del Sol de Madrid, hechos que le honran, aunque las muchas maniobras subterráneas durante su mandato en el ministerio -nunca demostradas- manchan su hoja de servicios.

Me salto a Antonio Camacho «El breve», pues el PSOE perdió inmediatamente las elecciones en medio de la dolorosa y aún no terminada crisis económica, para llegar al muy cristiano y conservador Fernández Díaz. El que se convirtió en un viaje a Las Vegas; el que impuso una medalla a una estatua de madera -por mucho que representara a la mismísima virgen-; el promotor de la antidemocrática «Ley Mordaza»; y el pillado con grabaciones mientras conspiraba contra rivales políticos.

Y así hasta el actual, Zoido, el que como tantos otros colegas de la Unión Europea, niega el pan y la sal a los que huyen del hambre y de la guerra en Africa. El que echa ahora a culpa de tanta cantidad de migrantes a las organizaciones privadas que les libran de morir ahogados.

Qué cargo más ingrato y poco reconocido el de ministro del Interior, al que suelen acudir los personajes más estrafalarios o tenebrosos, para cometer locuras e injusticias en nombre de nuestra seguridad.

Durante estos días en los que las tan cacareadas pensiones vuelven a salir a la palestra, por el crédito que ha tenido que pedir el ministerio del ramo para pagar la extra, se repite hasta la saciedad que el problema español no es de gasto sino de ingresos, insuficientes para las cuentas de la Seguridad Social.

Y los que desde el gobierno central apoyan estas y otras tesis macroeconómicas, son aquellos que han devaluado y precarizado los salarios en aras de la competitividad. Los mismos que, carentes de ideas, han apostado porque nuestras ventajas comerciales se sustenten en precios bajos, olvidando torticeramente que esa ilusa superioridad es efímera, porque siempre habrá alguien más barato.

Son también los mismos que han abanderado esta falsa competitividad y el desigual crecimiento económico, condenando a España con impresentables bolsas de paro y pobreza.

Para un país avanzado como pretende ser el nuestro, la competitividad se sustenta en el la búsqueda de estrategias y metodologías que procuren el incremento de los ingresos y, sobre todo, de los márgenes comerciales. Y eso no se consigue renunciando a la creatividad ni reduciendo los costes como principal medida. Eso es hambre para hoy y mayor miseria para mañana.

Salvo honrosas excepciones, España tiene un tejido productivo sustentado principalmente en los servicios banales -a precios que los españoles y los extranjeros de medio pelo que nos visitan puedan pagar-; en las pymes mayoritariamente pertenecientes a sectores tradicionales con escasa diferenciación; y en grandes empresas protegidas por el fisco para que paguen lo mínimo posible a las arcas del Estado. Esta es la cruda realidad que, hoy por hoy, impide el crecimiento de los ingresos.

A este duro pero realista panorama, se suma un presente continuo tecnológico que ya está cambiando a nivel mundial el panorama productivo y laboral. El trabajo, tal y como hasta ahora lo hemos conocido, no es que tenga las horas contadas; es que ya está desapareciendo y sin vuelta atrás, a no ser que un cataclismo mundial o una gran guerra nos obligue a empezar de nuevo con el sudor de nuestra frente.

Se hace pues necesario que la política estatal se oriente a los dos grandes paradigmas que hoy definen las causas y los efectos de la competitividad auténtica, la que genera riqueza.

En primer lugar, todo aquel país que no se esfuerce realmente por incrementar al máximo sus capacidades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), se verán indefectiblemente condenados al fracaso y a la dependencia de los precios bajos, alargando la agonía. Es pues imprescindible que en España se apueste lo antes posible por el valor añadido que la innovación produce, con todos los apoyos del Estado que sean necesarios, pues a todos nos implica este relevante decisión.

Y en segundo lugar, el Estado debe ser tamnién consciente y reconocer que el paro convencional -el resultante del cierre de las empresas insostenibles o del descenso de puestos de trabajo causado por los avances tecnológicos- no tiene apenas solución, haciendo necesarias nuevas políticas sociales encaminadas a la cobertura digna de las necesidades básicas de la ciudadanía menos favorecida. Una decisión política que responda con eficacia a una problemática que aventuro ya como definitiva porque es estructural y creciente, aunque las cifras del paro nos hagan chiribitas con lo contrario.

Estas dos grandes políticas no son de derecha ni de izquierda. Son, simplemente, de sentido común. Así, encontramos países gobernados por conservadores -civilizados y modernos, eso sí- que ya están adoptando desde hace décadas la innovación y ensayando en los últimos tiempos las medidas sociales de futuro para hacer frente a tanto paro como el ya generado o por venir.

No debemos olvidar esas honrosas excepciones empresariales españolas, como tampoco que, en lineas generales, España es un país cada vez más embrutecido y orientado al corto plazo ante la carencia de ideas. Ese corto plazo que sólo busca el negocio que produzca beneficios inmediatos y que olvida históricamente que avanzar cuesta esfuerzo, dinero y dedicación, mucha dedicación.

En España estamos atravesando una ola de calor tras otra, con terribles consecuencias como la sequía, el fuego descontrolado o la ineficiencia energética. Esos mismos pantanos diseñados para otros escenarios climáticos y ahora prácticamente vacíos, ya no pueden colaborar en la producción de energía hidroeléctrica y su sustitución nos lleva a costes más caros y a más polución.

A estos hechos seguramente irreversibles, se suma la reciente sentencia del Tribual Constitucional, que viene a permitir que en las urbanizaciones, comunidades de propietarios o edificios y polígonos industriales se pueda practicar el autoconsumo energético compartido, hasta ahora prohibido.

Queda así derogada la hasta ahora prohibición planteada por el gobierno del PP en su decreto ley de 2015, destinado como siempre a proteger a las compañías eléctricas, al tiempo que se abre una vía esperanzadora para la instalación de plantas fotovoltáicas en cientos de miles de tejados que podrán aprovechar la gratuidad de la fuente solar.

No despeja sin embargo esta sentencia la aberración del llamado impuesto al sol, falaz método para poner obstáculos al uso de energías renovables por los ciudadanos, así como para mantener la injusta complicidad del gobierno con las compañías eléctricas.

Y es que la postura de los gobiernos del PP -y en otras ocasiones, del PSOE- ante la evidencia del cambio climático, y la necesidad del abaratamiento energético y del necesario cuidado del medioambiente, no sólo resulta insultante para los ciudadanos, sino que demuestra una falta de sentido común político y estratégico, que únicamente se comprende cuando somos conscientes de las mordidas y los premios que tantos políticos del bipartidismo vienen recibiendo desde la privatización de estas compañías, que realizan suministros de primera necesidad.

No hace tanto tiempo de que España fue uno de los países líderes en la fabricación de instalaciones fotovoltáicas y eólicas. Si bien es cierto, que gran parte de este auge se debió a la gran cantidad de operaciones especulativas de muchos ciudadanos atraídos por las jugosas primas que recibían.

Ahora, con el cambio climático llamando crudamente a nuestras puertas, así como tras varios años de injusta desigualdad social y de la criminal provocación de la pobreza energética, se hace evidente la necesidad de un profundo cambio en la política energética de España.

Se hace ahora insostenible, más que nunca, la protección de unos pocos empresarios a cambio del encarecimiento de las facturas a los consumidores. O de la reducción de costes a través de la devaluación de los salarios, cuando bien se podrían obtener abaratando el precio de la energía.

Máxime -y aquí viene la paradoja que más vergüenza produce- cuando España es uno de los países de Europa con mayor cantidad de horas de sol, así como de vientos constantes que nos proporcionan tanto las cuencas de nuestros grandes ríos como nuestra apreciada orografía costera, que para algo somos un península.

España es, además, un país dependiente en cuestiones de energía, situación que visto lo visto debe venirle muy bien a unos pocos aprovechados, que se ríen en nuestras narices desde su sillón de poder político o económico.

Queda fácilmente demostrado que nuestros políticos no gobiernan para la ciudadanía en materias tan sensibles como la energía. Aunque también llama la atención la escasa reacción de la ciudadanía ante décadas de tanto desaguisado.

Es pues urgente que nuestro país se sitúe al frente de la eficiencia energética europea, desarrollando políticas y estrategias que favorezcan las energías renovables y por ende el futuro social, económico y medioambiental de nuestros ciudadanos. Mientras, nos seguirá cayendo la cara de vergüenza al saber que una nación oscura y fría, como Alemania, multiplica por ocho sus inversiones en renovables respecto a las nuestras.

Poco tardaron ayer los poderes fácticos en poner a parir al nuevo Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez.

Y es que apenas clausurado el congreso socialista, ya estaba publicado en El País digital un editorial que debería avergonzar a los más altos cargos del Grupo PRISA. Quién les ha visto y quién les ve.

Este periódico, que en su día fue una esplendorosa insignia de la izquierda, se encuentra ahora envejecido y derechizado por la mala leche de Juan Luis Cebrián, sacando a la luz los modos, nunca olvidados, de sus enseñanzas y amistades pilaristas, al igual que de aquellos cargos en medios de comunicación franquistas, como el diario Pueblo o los informativos de RTVE en vida del dictador.

Yo sigo leyendo El País, al igual que muchos otros diarios, aunque cuando le pego un vistazo al primero, no puedo evitar una cierta prevención mientras que en mis años mozos este periódico era casi la guía espiritual de millones de españoles demócratas y fundamentalmente de izquierdas.

Pero esos poderes fácticos que no le han dado ni un día a Pedro Sánchez, también se encuentran dentro del propio partido socialista. El lamentable posicionamiento de Felioe González, de Susana Díaz, Pérez Rubalcaba, Zapatero, Lambán, Ximo Puig y muchos otros, con su desprecio, su ausencia o sus diatribas, vuelven a mostrarnos como se desnortan aquellos que han tocado o que aún ostentan más o menos poder. Como servidores de esos ocultos poderes se manifiestan aquellos que son capaces de renegar de la esencia de la democracia: los votos y sus consecuencias.

Mal, muy mal servicio prestan al PSOE quienes siendo militantes de pro y parte de su dilatada historia, reniegan ahora de la nueva dirección del partido, por la simple razón de que pretende recuperar esa izquierda que nunca debió abandonar.

Líbranos pues, Hombre del Espacio, de los conversos que entendieron la transición como un apaño y que se apuntaron al estilo de la izquierda para perpetuar sus negocios o su poder.

Mañana, a pesar de las recomendaciones en contra de socios, productores y muchos admiradores, Pablo Iglesias iniciará la inútil representación teatral en la que se ha embarcado.

Si la planteada a Cifuentes la semana pasada fue un ensayo general con todo, en la que los actores de toda la compañía practicaron su papel, sería de esperar que este próximo martes asistamos a un lamentable espectáculo.

Porque en el ensayo, estuviera o no escrito en el libreto, hubo de todo. Desde las monótonas y larguísimas actuaciones provenientes de los bisoños actores de Podemos, hasta auténticas groserías -de esas que pretenden poner de pié a un público ávido de morbo- como las declamadas por los, se supone, más curtidos y experimentados secundarios del PP, de las que aún resuenan en mi memoria, como «pederastas» o traficantes».

Ingenuamente, no me esperaba yo que el cuadro de actores de la directora Cristina Cifuentes -nueva adalid del buen talante de los conservadores- pudiera resultar tan absurda e injustificadamente histriónica. Ni que en su amplio reparto de papeles tuvieran cabida tantas maldades y morcillas sin sentido alguno.

Y así, tras ese ensayo general apoyado por una numerosa clac contratada para jalear a esos viejos malhumorados, llegaremos mañana al gran estreno, en el que se volverá a representar la obra, pero en esta ocasión con los primeros actores titulares de la compañía. Se supone, no sea que alguno haga mutis por el foro.

Si los espectadores del ensayo acabamos pateando la platea la semana pasada, al menos virtualmente, poco se podrá esperar mañana del gran reestreno, en el que la tercera versión de la obra -desde que esta se pudo representar- podrá resultar tristemente aburrida por ser harto conocida y no deparar sorpresa alguna.

Sólo queda, pues, esperar que al menos haya espectáculo, drama, con sangre, sudor y lágrimas. Aunque mucho me temo que este nuevo primer actor se va a encontrar con réplicas de la peor calidad. Qué aburrimiento, aunque la entrada sea gratis.