Tras las escandalosas declaraciones del actual ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, culpando a las ONG que libran sus batallas diarias para salvar vidas en el Mediterráneo de provocar el efecto llamada a los migrantes provenientes de África, me han venido a la memoria sus antecesores desde la transición democrática. Una lista en la que salvo pocas y honrosas excepciones, se encuentran nombres que asustan ¿Será cosa del cargo?

No los citaré a todos, pues algunos tuvieron la suerte o la habibilidad de pasar desapercibidos, pero sí a la mayoría, empezando por Fraga, aquel de «La calle es mía» y que venía del último gobierno franquista y sus postreras penas de muerte.

Le sucedió Martín Villa, también franquista de pro, responsable entre otras lindezas de los sucesos de Vitoria, en el que la policía a su cargo asesinó a cinco huelguistas e hirió a otros 150; el mismo que condecoró al tenebroso torturador «Billy el Niño»; y que ahora ha recibido una inmerecida medalla por su colaboración a la democracia de manos de Felipe VI.

Llegó pronto Juan José Rosón, quien para no renunciar a su pasado franquista como todos sus predecesores, fue el responsable del caso Almería, en el que tres sospechosos de pertenecer a ETA fueron torturados hasta la muerte. No obstante, Rosón tuvo la habilidad de pactar con aquella ETA político militar -los polimilis-, cuyos integrantes dejaron las armas y se integraron en la sociedad civil con diversas suertes.

Le sucedió Barrionuevo, el bruto socialista de espumarajos en la boca cuando se cabreaba. El primer ministro del Interior proveniente de la izquierda, implicado no obstante hasta las cachas en la creación de los asesinos GAL y en la utilización torticera e ilegal de fondos públicos, hechos por los que fue condenado y encarcelado.

Tras ese bruto, llegó otro que lo era aún más, Corcuera, electricista de izquierdas y autor de la famosa e ilegítima ley de la «patada en la puerta», aunque sus manos no parecen estar manchadas de sangre.

Y llegó Antoni Asunción, el ministro socialista que tuvo la honra de dimitir cuando se le escapó el entonces director de la Guardia Civil Luis Roldán, que se fue con una pasta gansa, relacionada entre otros delitos de corrupción con la compra de munición defectuosa para el cuerpo que dirigía.

Me salto a Juan Alberto Belloch y a Jaime Mayor Oreja -primer ministro del Interior en un gobierno del PP-, para llegar a Mariano Rajoy, que ocupó el cargo con Aznar y del que todos conocemos su perfil. Rajoy, en esa etapa, alcanzó tantos éxitos organizando campañas electorales de su partido como luchando contra ETA, aunque lo primero abriera la puerta a casos como Gürtel.

Tras Rajoy, llegó al cargo su compañero de filas Ángel Acebes, puesto en el que lo más destacable fuera su empecinada acusación a ETA de los terribles atentados del 11-M. Empecinamiento apoyado por otros cargos políticos y medios de comunicación que le costó las elecciones al PP de entonces.

También me salto al honorable y ya fallecido José Antonio Alonso, ministro del ramo con Zapatero, para detenerme un momento en el ínclito Rubalcaba, quien le sucedió en el cargo. Este astuto estratega político, lideró el fin de ETA a base de negociaciones, siempre vituperadas por la oposición, y consintió sin cargas policiales los gloriosos días del 15-M en la Puerta del Sol de Madrid, hechos que le honran, aunque las muchas maniobras subterráneas durante su mandato en el ministerio -nunca demostradas- manchan su hoja de servicios.

Me salto a Antonio Camacho «El breve», pues el PSOE perdió inmediatamente las elecciones en medio de la dolorosa y aún no terminada crisis económica, para llegar al muy cristiano y conservador Fernández Díaz. El que se convirtió en un viaje a Las Vegas; el que impuso una medalla a una estatua de madera -por mucho que representara a la mismísima virgen-; el promotor de la antidemocrática «Ley Mordaza»; y el pillado con grabaciones mientras conspiraba contra rivales políticos.

Y así hasta el actual, Zoido, el que como tantos otros colegas de la Unión Europea, niega el pan y la sal a los que huyen del hambre y de la guerra en Africa. El que echa ahora a culpa de tanta cantidad de migrantes a las organizaciones privadas que les libran de morir ahogados.

Qué cargo más ingrato y poco reconocido el de ministro del Interior, al que suelen acudir los personajes más estrafalarios o tenebrosos, para cometer locuras e injusticias en nombre de nuestra seguridad.

Durante estos días en los que las tan cacareadas pensiones vuelven a salir a la palestra, por el crédito que ha tenido que pedir el ministerio del ramo para pagar la extra, se repite hasta la saciedad que el problema español no es de gasto sino de ingresos, insuficientes para las cuentas de la Seguridad Social.

Y los que desde el gobierno central apoyan estas y otras tesis macroeconómicas, son aquellos que han devaluado y precarizado los salarios en aras de la competitividad. Los mismos que, carentes de ideas, han apostado porque nuestras ventajas comerciales se sustenten en precios bajos, olvidando torticeramente que esa ilusa superioridad es efímera, porque siempre habrá alguien más barato.

Son también los mismos que han abanderado esta falsa competitividad y el desigual crecimiento económico, condenando a España con impresentables bolsas de paro y pobreza.

Para un país avanzado como pretende ser el nuestro, la competitividad se sustenta en el la búsqueda de estrategias y metodologías que procuren el incremento de los ingresos y, sobre todo, de los márgenes comerciales. Y eso no se consigue renunciando a la creatividad ni reduciendo los costes como principal medida. Eso es hambre para hoy y mayor miseria para mañana.

Salvo honrosas excepciones, España tiene un tejido productivo sustentado principalmente en los servicios banales -a precios que los españoles y los extranjeros de medio pelo que nos visitan puedan pagar-; en las pymes mayoritariamente pertenecientes a sectores tradicionales con escasa diferenciación; y en grandes empresas protegidas por el fisco para que paguen lo mínimo posible a las arcas del Estado. Esta es la cruda realidad que, hoy por hoy, impide el crecimiento de los ingresos.

A este duro pero realista panorama, se suma un presente continuo tecnológico que ya está cambiando a nivel mundial el panorama productivo y laboral. El trabajo, tal y como hasta ahora lo hemos conocido, no es que tenga las horas contadas; es que ya está desapareciendo y sin vuelta atrás, a no ser que un cataclismo mundial o una gran guerra nos obligue a empezar de nuevo con el sudor de nuestra frente.

Se hace pues necesario que la política estatal se oriente a los dos grandes paradigmas que hoy definen las causas y los efectos de la competitividad auténtica, la que genera riqueza.

En primer lugar, todo aquel país que no se esfuerce realmente por incrementar al máximo sus capacidades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), se verán indefectiblemente condenados al fracaso y a la dependencia de los precios bajos, alargando la agonía. Es pues imprescindible que en España se apueste lo antes posible por el valor añadido que la innovación produce, con todos los apoyos del Estado que sean necesarios, pues a todos nos implica este relevante decisión.

Y en segundo lugar, el Estado debe ser tamnién consciente y reconocer que el paro convencional -el resultante del cierre de las empresas insostenibles o del descenso de puestos de trabajo causado por los avances tecnológicos- no tiene apenas solución, haciendo necesarias nuevas políticas sociales encaminadas a la cobertura digna de las necesidades básicas de la ciudadanía menos favorecida. Una decisión política que responda con eficacia a una problemática que aventuro ya como definitiva porque es estructural y creciente, aunque las cifras del paro nos hagan chiribitas con lo contrario.

Estas dos grandes políticas no son de derecha ni de izquierda. Son, simplemente, de sentido común. Así, encontramos países gobernados por conservadores -civilizados y modernos, eso sí- que ya están adoptando desde hace décadas la innovación y ensayando en los últimos tiempos las medidas sociales de futuro para hacer frente a tanto paro como el ya generado o por venir.

No debemos olvidar esas honrosas excepciones empresariales españolas, como tampoco que, en lineas generales, España es un país cada vez más embrutecido y orientado al corto plazo ante la carencia de ideas. Ese corto plazo que sólo busca el negocio que produzca beneficios inmediatos y que olvida históricamente que avanzar cuesta esfuerzo, dinero y dedicación, mucha dedicación.

En España estamos atravesando una ola de calor tras otra, con terribles consecuencias como la sequía, el fuego descontrolado o la ineficiencia energética. Esos mismos pantanos diseñados para otros escenarios climáticos y ahora prácticamente vacíos, ya no pueden colaborar en la producción de energía hidroeléctrica y su sustitución nos lleva a costes más caros y a más polución.

A estos hechos seguramente irreversibles, se suma la reciente sentencia del Tribual Constitucional, que viene a permitir que en las urbanizaciones, comunidades de propietarios o edificios y polígonos industriales se pueda practicar el autoconsumo energético compartido, hasta ahora prohibido.

Queda así derogada la hasta ahora prohibición planteada por el gobierno del PP en su decreto ley de 2015, destinado como siempre a proteger a las compañías eléctricas, al tiempo que se abre una vía esperanzadora para la instalación de plantas fotovoltáicas en cientos de miles de tejados que podrán aprovechar la gratuidad de la fuente solar.

No despeja sin embargo esta sentencia la aberración del llamado impuesto al sol, falaz método para poner obstáculos al uso de energías renovables por los ciudadanos, así como para mantener la injusta complicidad del gobierno con las compañías eléctricas.

Y es que la postura de los gobiernos del PP -y en otras ocasiones, del PSOE- ante la evidencia del cambio climático, y la necesidad del abaratamiento energético y del necesario cuidado del medioambiente, no sólo resulta insultante para los ciudadanos, sino que demuestra una falta de sentido común político y estratégico, que únicamente se comprende cuando somos conscientes de las mordidas y los premios que tantos políticos del bipartidismo vienen recibiendo desde la privatización de estas compañías, que realizan suministros de primera necesidad.

No hace tanto tiempo de que España fue uno de los países líderes en la fabricación de instalaciones fotovoltáicas y eólicas. Si bien es cierto, que gran parte de este auge se debió a la gran cantidad de operaciones especulativas de muchos ciudadanos atraídos por las jugosas primas que recibían.

Ahora, con el cambio climático llamando crudamente a nuestras puertas, así como tras varios años de injusta desigualdad social y de la criminal provocación de la pobreza energética, se hace evidente la necesidad de un profundo cambio en la política energética de España.

Se hace ahora insostenible, más que nunca, la protección de unos pocos empresarios a cambio del encarecimiento de las facturas a los consumidores. O de la reducción de costes a través de la devaluación de los salarios, cuando bien se podrían obtener abaratando el precio de la energía.

Máxime -y aquí viene la paradoja que más vergüenza produce- cuando España es uno de los países de Europa con mayor cantidad de horas de sol, así como de vientos constantes que nos proporcionan tanto las cuencas de nuestros grandes ríos como nuestra apreciada orografía costera, que para algo somos un península.

España es, además, un país dependiente en cuestiones de energía, situación que visto lo visto debe venirle muy bien a unos pocos aprovechados, que se ríen en nuestras narices desde su sillón de poder político o económico.

Queda fácilmente demostrado que nuestros políticos no gobiernan para la ciudadanía en materias tan sensibles como la energía. Aunque también llama la atención la escasa reacción de la ciudadanía ante décadas de tanto desaguisado.

Es pues urgente que nuestro país se sitúe al frente de la eficiencia energética europea, desarrollando políticas y estrategias que favorezcan las energías renovables y por ende el futuro social, económico y medioambiental de nuestros ciudadanos. Mientras, nos seguirá cayendo la cara de vergüenza al saber que una nación oscura y fría, como Alemania, multiplica por ocho sus inversiones en renovables respecto a las nuestras.