Durante la presentación de los Presupuestos Generales del Estado al Congreso de los Diputados, vuelve la cantinela de algunos ministros del PP, repetida cual mantra durante los últimos años: «Estos son los Presupuestos más sociales de la historia de la democracia».

Evidentemente, para tal matraca se escudan en el porcentaje del PGE destinado al gasto social. Pero otra cosa es el destino del citado dinero y lo justo o injusto de las prioridades en su reparto.

Y es que con nuestro dinero, el gobierno central no para de hacer trampas o de cometer agravios sociales que indignan a los ciudadanos.

Con nuestro dinero, se están rescatando autopistas privadas, que una vez saneadas económicamente, volverán a ser privatizadas. Una sinvergonzonería similar a la compensación pagada, con régimen de urgencia, a la empresa propietaria de la fracasada plataforma Castor, haciéndonos a todos los ciudadanos corresponsables de la metedura de pata de una empresa mercantil que no es pública precisamente.

Con nuestro dinero, se destina una ingente cantidad de millones a un ejército que se encuentra, afortunadamente, en ausencia de amenazas bélicas contra España. Ni siquiera la falacia esgrimida con la excusa del yihadismo justifica esta inversión, pues es bien sabido que los ejércitos poco pueden hacer para afrontar esta clase de terrorismo.

Con nuestro dinero, se proyecta una subida salarial del 8% a los funcionarios durante tres años, lo que está muy bien para los agraciados pero produce un inmenso sonrojo para el resto de los trabajadores, que apenas ven incrementado su salario y se encuentran en medio de una precariedad que asusta.

Con nuestro dinero, además, se hacen trampas en el gasto, dejando de usar gran parte de las partidas ya aprobadas para lo que fueron creadas. El gasto de sólo un 30% del presupuesto de I+D+i durante 2017, además de una zorrería, es una condena para nuestro avance como país, condenado durante décadas al «que inventen ellos». Todo ello dentro de una falaz presentación de partidas económicas en las que se consideran nuevas las no gastadas durante el ejercicio anterior.

Trampas en el gasto que incluyen el vaciado de la hucha de las pensiones para fines distintos al de su creación, como la autocompra de deuda pública, por ejemplo. Y así hasta la saciedad.

En cambio, con nuestro dinero, no se cumplen los compromisos sociales del Estado, saltándose a la torera leyes y normas si hace falta.

Así, se devalúan las pensiones -como ya se ha hecho con los salarios-, se mantiene bajo mínimos la sanidad pública o la educación, se deja sin dotación el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, al tiempo que se deja morir a ciudadanos que tienen derecho a ser atendidos según la Ley de la Dependencia, sin que les llegue ayuda alguna en vida, ni a ellos ni a sus familiares cuidadores.

No, señores y señoras gobernantes. No intenten engañarnos una vez más, porque con el tiempo vamos aprendiendo -es de esperar- y, por ejemplo, no consideramos una mejora social el Presupuesto General del Estado para 2018 en el que, por ejemplo, se considera una subida de las pensiones la migaja económica o fiscal que tampoco esta vez sacará de la miseria a tantas personas.

Estos presupuestos no son ni serán los más sociales de la democracia. Y lo que es peor, puede que ni vean la luz por falta de votos, lo que implicaría la prórroga automática de las cuentas del año pasado, que tampoco tuvieron nada de sociales. Como para fiarse de esta Administración.