Nuevamente ha vuelto a mentir el gobierno de Rajoy en lo que se refiere a la subida o no de los impuestos. Algunos van a subir, y no todos lo van a hacer teniendo en cuenta la justicia social.

Esta subida está relacionada con el crecimiento del déficit del ejercicio 2015, producida por la componenda electoral de bajar los impuestos unos días antes de las elecciones de diciembre, lo que nos ha costado un fuerte reprimenda de la Unión Europea. Y claro, ahora tiene que venir Montoro a pasar de nuevo la hucha.

Además, resulta del todo improcedente plantear anticipadamente una subida de impuestos cuando todavía no se ha explicitado el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2017. Se habla de subir los impuestos cuando aún desconocemos los contenidos de las partidas de gasto e inversión, resultantes de la características de las políticas sociales o de otro tipo que pretenden aplicarse durante el próximo año.

Y tampoco, como es costumbre, se plantea el gobierno adelgazar las estructuras del Estado, que desde hace muchos años están absolutamente infladas con estamentos absolutamente inútiles, cuando no para colocar a tanto personal obediente. En cuanto a la lucha contra el fraude fiscal, ni está ni se le espera.

Cierto es que no prevé la subida del IRPF ni el IVA, aunque este último esté absurdamente repartido. No se entienden los desmedidos porcentajes que se aplican a la cultura o a los productos de higiene de primera necesidad, por ejemplo. Y además el IVA es el más injusto de los impuestos, al afectar por igual a todos los ciudadanos, tengan estos un alto o bajo poder adquisitivo. Tampoco parece, pues, que vaya a ser esta la legislatura en la que Hacienda calibre realmente a los ciudadanos según sus necesidades.

Así pues, la subida de impuestos que el gobierno del PP estima necesaria, se centrará en dos ámbitos fundamentales: el impuesto de sociedades y los impuestos especiales. Vamos por partes.

Subir el impuesto de sociedades en un país cuyo tejido productivo está formado fundamentalmente formado por pymes -y más aún por microempresas- supone, de entrada, un agravio comparativo de difícil comprensión. No olvidemos la capacidad de ingeniería financiera de las grandes empresas para pagar apenas unos pocos puntos, sin que el gobierno se atreva a meterles mano. Recaerá pues el incremento de este impuesto sobre las empresas de menor tamaño. Aquellas que habitualmente las pasan canutas para sobrevivir y que ahora, que empiezan a ver un poco de luz, verán reducido de nuevo su margen comercial o tendrán que subir los precios. No nos extrañe pues que las pymes precaricen aún más el empleo para mantenerse en el mercado.

Por lo que respecta a los impuestos especiales, se vuelve a proyectar la subida de estos en las tasas que gravan los carburantes para automóviles y transporte, el alcohol y el tabaco, añadiendo como novedad las bebidas azucaradas, posiblemente para recordarnos que nuestros hijos se están haciendo obesos.

De todos estos impuestos especiales, el referido a los carburantes resulta también injusto y peligroso para el crecimiento económico. Injusto porque una inmensa mayoría de ciudadanos dispone de automóvil y tendrían que pagar la gasolina o el gasoil más caros. Peligroso porque el sector del transporte -incluidos los vehículos comerciales o de reparto de las pymes- verán incrementados sus costes, que tendrán que verse repercutidos en los precios finalistas de los productos, cuando no otra vez en la precariedad del empleo.

Y ante estas intenciones de llenar las arcas a costa de los que sea, se espera que el debate de la ley de Presupuestos en el Congreso resulte bastante agria, al igual que de una vez por todas veremos si Ciudadanos se retrata o no.

No obstante, el gobierno central ya está preparado para prorrogar los presupuestos actuales si se ve acorralado, pendiendo además de un hilo que se adelanten las elecciones generales a final de 2017.

Una vez más, se demuestra que las campañas electorales son una sarta de mentiras, planteadas por unos candidatos que siempre olvidan que están a nuestro servicio, al igual que se pasan por el forro que una promesa electoral es un contrato con los ciudadanos.