En esta semana, tremenda judicialmente para la derecha española -sea del PP, de la antigua CIU o del PSOE andaluz-, queda claro que sólo los más altos cargos gubernamentales estatales o autonómicos, que han sido lo suficientemente listos como para no firmar nada, se van a salir de rositas.

Llama así poderosamente la atención que hoy Francisco Camps, expresidente de la Generalitat Valenciana, no esté sentado en el banquillo de la Audiencia Nacional que juzga las corruptelas del PP valenciano relacionadas con el caso Gürtel.

Y aún resulta más curioso el silencio que guardan Vicente Rambla, Ricardo Costa y otros antiguos mandamases del partido conservador en Valencia, protegiendo así a su máximo capo, ese que cita Correa en su confesión por escrito al juez como quien le encargó determinados eventos. No se entiende qué pretenden proteger, aún sabiendo que llevan todos los números para acabar en la cárcel.

Sería interesante, que a pesar de que las presuntas responsabilidades penales de Francisco Camps parecen estar prescritas, quedara claro durante el juicio, que hoy empieza, que Camps se libra porque el estado de derecho le protege con la medida del tiempo, no por su inocencia.

Está claro que la cuestión radica en saber hacerse el loco y no figurar documentalmente en ningún caso, aunque el largo brazo de la Justicia ya se encargará de pillarle por algún otro asunto, como el de la Fórmula 1, por ejemplo. Habrá que pillarle como sea, igual que a Capone, que acabó en la cárcel por un asunto tangencial y distinto a sus crímenes más sonados.

En cualquier caso, la derecha española -incluida la catalana, por supuesto- ya figura en nuestros anales como la más corrupta desde la transición, con más o menos 1.000 imputados entre todos los partidos que la forman, y que sólo han demostrado ser eficientes para enajenar dinero púbico y hacer trampas, mientras sus acciones de gobierno han resultado inútiles y hasta vergonzosas por su dudosa eficacia y por su manía de dejar correr los problemas.

Se demuestra así, una vez más, que nuestro código penal protege a los políticos que roban hábilmente o que faltan a su deber como gestores de lo público, y que siguen siendo votados por los ciudadanos. Es lamentable que tengan que ser algunos jueces los que pongan algo de orden en un país que no parece haber cumplido todavía su mayoría de edad.