Una vez más, con la desfachatez acostumbrada, se socializan las pérdidas de empresas privadas en nuestro país. Ni es la primera vez ni será la última. Y todavía quedan ciudadanos de a pie que siguen votando al capitalismo más salvaje e inhumano.

Toca ahora rescatar unas autopistas -con origen en Madrid, en su mayoría- absolutamente inútiles y escasamente transitadas, que en su día se «vendieron» electoralmente por Aznar como un gran avance para las estructuras de nuestros país.

Y como viene siendo habitual cuando se realizan grandes proyectos con dinero público, todos mintieron. Porque el uso de estas autopistas no se ha acercado ni por asomo a las muy infladas previsiones realizadas por los técnicos y constructores amigos de los gobernantes conservadores.

Alegremente, el actual gobierno -también conservador- propone nacionalizar estas autopistas, totalmente quebradas en lo económico, por una cantidad que oscila entre los 5.500/5.700 millones de euros. Precisamente la misma cantidad que la UE obliga a recaudar de más al Estado español a causa del déficit y que está siendo estos días objeto de nuevos impuestos.

No es de extrañar pues, que cada vez que un gobernante de la derecha -y no solo de la derecha- suelta la repetida frase «esto no costará un euro a los españoles», nos echemos a temblar y soltemos algún exabrupto para exorcizar la amenaza que se nos viene encima.

Con el paso del tiempo y ante tantos desmanes públicos cometidos, resulta cada vez más difícil comprender cómo no existen leyes que califiquen estas enormes prevaricaciones y cohechos como delito, juzgando debidamente a todo gobernante que nos lleve al huerto a base de mentiras. Debería castigarse ineludiblemente a todo gobernante que favoreciera los beneficios de sus coleguitas, que si sale mal ya pagará el pueblo. (Añada usted aquí el insulto que más le satisfaga)

Pero España es un país muy raro en estos aspectos y los partidos políticos que albergan a gobernantes ineficientes en la gestión -pero muy hábiles en esquilmar las arcas de todos- son premiados una y otra vez en las elecciones, cuando en realidad deberían ser inmediatamente detenidos como se haría con cualquier empleado o directivo desleal.

En filosofía, impura como siempre, sobre todo hoy, se insiste en recordar que mientras el socialismo propone la socialización -valga la redundancia- de la esfera pública, la política procapitalista consiste en salvar el sistema a costa del pueblo: en socializar las pérdidas y privatizar las ganancias. (Mi agradecimiento a Mario Bunge, autor del libro ‘Filosofía Política’, que también clama en el desierto)

Hay que reconocer que el contenido de hoy resultará pueril y harto sabido para muchos, ojala para la mayoría de los lectores. Pero visto lo visto, no está de más recordar un axioma tan evidente que ya ni siquiera nos llama la atención. Igual merecemos que nos estafen hasta la saciedad.