Nada más conocerse este pasado lunes la esperpéntica sentencia al Dr. Vela por el robo de una niña, me vino a la cabeza que más que un hecho aislado nos encontramos ante un delito de lesa humanidad.

Así lo consulté de inmediato con juristas amigos, que coincidieron conmigo, al igual que observaban la dificultad de establecer una querella de semejante calibre.

Más tarde, este martes publicó Infolibre un completo y documentado dossier con varios artículos sobre el tema, con los que no sólo estoy completamente de acuerdo, sino que me han inspirado para la redacción de este post.

Es comprensible que la querellante Inés Madrigal acudiera a los tribunales para encontrar justicia a su personal caso. Aunque, al mismo tiempo, no comprendo como el robo de niños acaecido desde la posguerra civil hasta bien entrada la democracia, no se haya convertido en una demanda colectiva amparada en el derecho internacional, que sí considera los casos de este calibre como lesa humanidad.

Los crímenes de lesa humanidad tienen varias características que sustentan el que hoy escriba sobre este asunto: han de ser sistemáticos y nunca, nunca, prescriben.

Pero esto es España y aquí se tapan unos a otros, la justicia puede ser pacata y muy pocos se atreven todavía a luchar contra los crímenes del franquismo, Iglesia incluida.

¿Cómo se puede mirar hacia otro lado cuando se estima que el robo sistemático de niños pudo alcanzar la cifra de 300.000 afectados? ¿Quién se arrogó la dudosa moral de decidir qué mujer, qué familia, merecía o no hacerse cargo del hijo engendrado? ¿Qué clase de Estado permitió que el robo de niños se convirtiera, además, en un negocio? ¿Cuántas familias adoptantes sabían que estaban cometiendo un delito? ¿Por qué la Iglesia participó en semejante aberración?

En mi desconocimiento de los intríngulis del Derecho, apenas me atrevo a ir más allá de estas preguntas, ni tampoco me corresponde. Pero quiero dejar bien clara mi más enérgica protesta porque ningún gobierno -Fiscales Generales incluidos- haya tenido los redaños para acometer una causa similar a la que en otros países europeos y sudamericanos ya se han resuelto hace años.

Será por miedo, por pereza, por un respeto inmerecido a los pactos de la Transición, no lo sé. Pero la inacción ante este drama me parece impresentable.