España es un Estado rácano con las víctimas de grandes accidentes en medios de transporte pertenecientes a organismos públicos. Tras cuatro años del accidente ferroviario de Angrois y once del causado por el metro en Valencia, todo sigue igual.

Mientras que las víctimas del terrorismo ha sido siempre cuidadas e indemnizadas -unas más que otras-, las de casos como los citados aún esperan que se les haga justicia.

Una discriminación entre las víctimas de ETA y las de los medios del Estado o de las autonomías, que hace sospechar que existen categorías de muertos y heridos.

Las víctimas del terrorismo pertenecen, por lo visto, a la primera categoría. Saber que «fueron ellos, los malos», acredita plena y justamente el reconocimiento absoluto de los poderes políticos establecidos.

Pero las otras víctimas, las que son responsabilidad de los transportes públicos, quedan desamparadas años y años, mientras que los responsables de esas empresas, políticos o acólitos, suelen echar la culpa al conductor y se autoeximen de todo fallo con el repetido mantra de «Yo no he sido».

Y no sólo los políticos. Tampoco la actuación de los jueces está suficientemente clara, llegando a una escandalosamente posible prevaricación de la jueza que entiende el accidente del metro de Valencia, que se niega torticeramente a reabrir el caso, arguyendo criterios de dudosa justificación.

En el caso del tren Alvia, cuyo accidente en Angrois se conmemora hoy en su cuarto aniversario, la instrucción judicial tuvo que ser cerrada en falso por la absoluta falta de colaboración de instituciones y organismos públicos.

Y hoy, que a partir del apoyo del PSOE se consigue reabrir judicialmente el asunto, los conservadores acusan de politización a las víctimas del accidente.

Situaciones como estas, se sitúan al mismo nivel que la corrupción política y describen a nuestros gobernantes -especialmente los del PP- como seres desalmados, carentes de honor y de responsabilidad social. Una vergüenza para nuestro país.

Y por si aún queda alguna duda, baste recordar que España, la roñosa España, es el único país europeo que ha negado la indemnización a las víctimas de la talidomida. Y es que aquí, llegar al poder no se considera un servicio público.